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Las familias porteñas con ingresos que rondan los 2000 pesos mensuales, que hasta ahora no tienen posibilidad de acceder a créditos para vivienda, podrán contar en poco tiempo con una nueva operatoria. Así lo anunció a Página/12 Ernesto Selzer, presidente del Instituto de Vivienda de la Ciudad, que se apresta a firmar un convenio con el Banco Ciudad. “Es un plan para familias que tienen un pequeño ahorro, con el cual pueden afrontar el 20 por ciento del valor de la vivienda; el banco financiará el 60 por ciento y nosotros el 20 por ciento restante”, adelantó el funcionario. Selzer reclamó a los legisladores porteños la modificación del Código de Edificación, “que no contempla la vivienda social: les exige la misma cantidad de cocheras que para edificios de categoría de Barrio Norte, lo que aumenta los costos en forma innecesaria”.
En el Presupuesto 2005, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad tendrá un presupuesto record: 310 millones pesos. “De ellos, 96 millones son girados por el gobierno nacional, en el marco del Consejo Nacional de la Vivienda; 180 millones provienen de recursos propios de la ciudad, 29 millones son recaudados por el Instituto del Juego y 6,5 corresponden a un crédito del BID”, explicó Selzer a este diario.
De esos fondos –asegura el funcionario–, la mayor parte está destinada al programa de urbanización de villas: unos 140 millones de pesos en obras de infraestructura, apertura de calles, mejoramiento de viviendas y autoconstrucción.
La inversión pretende achicar las cifras del déficit habitacional en la ciudad que, según los últimos datos, involucra a 87.000 hogares, el 8,5 por ciento de la población porteña. De ellos, 18.600 viven en hoteles y pensiones. Por otra parte, en las villas la población se duplicó en la década de los ’90 y hoy llegan a albergar a 116.000 personas (cerca de 30 mil familias), según el último censo del IVC y las encuestas del Indec. En las listas de espera del IVC hay anotadas 40 mil familias, aunque los responsables del instituto admiten que habría que depurar esa nómina, ya que está desactualizada.
Una de las limitaciones que tiene el sistema público de construcción de viviendas sociales es la legislación. “La ley Fonavi (21.581), sancionada durante la última dictadura, prohíbe a los gobiernos subsidiar la construcción de viviendas a las personas sin recursos: en todos los casos, los préstamos deben ser pagados íntegramente por los beneficiarios”, dijo Selzer. Esa exigencia es un límite para las familias de desocupados que, con ese requisito, no podrán nunca acceder a una vivienda propia. “Si no se modifica esa ley, el Estado nacional no podrá resolver el problema de la indigencia”, reclamó Selzer.
Una parte del presupuesto del IVC para el año próximo estará destinada al financiamiento de la compra de viviendas en conjunto con el Banco Ciudad. “La operatoria está pensada para familias con ingresos que rondan los 2000 pesos por mes, por ejemplo docentes y empleados públicos. Los ingresos no les alcanzan para sacar un crédito hipotecario para comprar un departamento de tres ambientes, de 40.000 dólares. No necesitan que el Estado les regale nada pero sí un mayor financiamiento”, argumenta el presidente del IVC.
De acuerdo con esa operatoria, el Banco Ciudad financiaría el 60 por ciento del valor del inmueble y el IVC se haría cargo de otro 20 por ciento, pero comenzaría a cobrar las cuotas a larguísimo plazo, después de que el banco hubiera cobrado las suyas. El convenio se firmaría en diciembre y, a partir de entonces, se estaría en condiciones de lanzar un plan piloto.
“En una segunda etapa –agregó Selzer– estamos pensando en que las hipotecas, pasen a ser parte de un fideicomiso financiero: el banco oficial emite títulos respaldados por las hipotecas y los inversores (las AFJP, por ejemplo) vuelven a aportar fondos al sistema.” Si un día el comprador no puede pagar más, porque se quedó sin trabajo –explica el funcionario– el Estado acudirá en su auxilio. “Esto lo podremos hacer sin necesidad demodificar la ley porque no lo haremos con fondos nacionales sino con recursos propios”, aclaró.
La ciudad recibe el 1,3 por ciento de los recursos del Fonavi, que este año son de 600 millones de pesos. A esa suma se agregan los fondos del Plan Federal de Vivienda: 200 millones de pesos en dos años. De ellos, 61,4 millones serán destinados a un programa de refacción de viviendas con más de 30 años de antigüedad. Alcanzaría a unos 4500 beneficiarios que recibirían como máximo 13.500 pesos cada uno.
Todas las propuestas, hasta ahora, contemplan el otorgamiento de créditos, con lo que quedan afuera las familias excluidas del sistema, los desocupados. Para esas familias, el titular del IVC propone soluciones como las que se ponen en práctica en países como Chile o Venezuela y que no pasan por la propiedad de la vivienda: “Se pueden entregar en comodato, alquiler o leasing”, sostiene Selzer. Por ahora, la población carenciada deberá esperar: esas opciones aún están en la etapa de proyecto y aún no han sido considerados por las autoridades políticas de la ciudad.
Lo que sí enviará el Ejecutivo a la Legislatura es un proyecto para modificar el Código de Edificación de la ciudad, que diferencia la vivienda social de la tradicional. “Hoy, para construir un edificio de tres pisos exige la colocación de ascensor, algo que encarece la vivienda social. Y, además, es muy difícil que el consorcio se haga cargo de su mantenimiento.”