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Por Tomás Barbulo *
Desde Madrid

Miles de inmigrantes “sin papeles” hacen cola día y noche ante los consulados extranjeros en España para obtener el certificado de antecedentes penales de su país de origen. Este documento es imprescindible para que los empresarios puedan tramitar su regularización en el proceso que comenzará el 7 de febrero. Ante el colapso burocrático, el Gobierno ha decidido admitir provisionalmente el resguardo de solicitud del certificado para que los empleadores inicien los trámites, siempre y cuando aporten el certificado definitivo en un plazo no superior a 15 días.
El Reglamento de Extranjería abrirá el 7 de febrero un proceso de regularización para los extranjeros en situación irregular que disponen de un contrato de trabajo. Entre los documentos que habrán de presentar los empresarios para normalizar la situación administrativa de las personas que deseen contratar, sólo hay dos que deben ser obtenidos por los inmigrantes: un certificado que demuestre que están empadronados en España desde antes del 7 de agosto pasado y un certificado de antecedentes penales de su país de origen. Este último es expedido por los consulados en España.
Miles de extranjeros se han dirigido a los consulados para obtener el certificado. Pero las dependencias diplomáticas no están preparadas para asumir la avalancha de demandas. Y ello a pesar de que el Ministerio de Asuntos Exteriores advirtió hace dos meses a las embajadas que el Ministerio de Trabajo exigiría el documento. El resultado es que los extranjeros se ven obligados a hacer colas que crecen día a día.
El caso más llamativo es el de Ecuador, de donde procede la tercera parte del millón largo de sin papeles que viven en España. El embajador de ese país, Francisco Carrión, ha anunciado la llegada de un cónsul general y tres vicecónsules, la contratación de 12 administrativos y la ampliación del horario de atención al público. A pesar de ese esfuerzo, las colas son cada vez más largas, tanto frente al consulado de Madrid como al de Barcelona, donde por ahora sólo disponen de cuatro funcionarios.
* De El País de Madrid. Especial para Página/12.