[cerrar]

Comparta esta nota con un amigo

E-Mail de su amigo
Su nombre
Su E-Mail

Hay quien anda dos días de camino de huella en el Pogoral para enseñar entre el adobe antes de dormirse sobre un pizarrón. Están esos maestros del hambre, los que durante el 2001 denunciaron la desnutrición que provoca desmayos en las aulas. Hay otros que nunca marcharon, pero por contagio o, como dicen en Salta, porque “finalmente se han despertado”, ahora se sumaron a la huelga quizá más importante que vive el gremio docente de la provincia desde hace años. Más del 90 por ciento de los 18.300 maestros estatales y privados llevan 35 días de huelga y movilización. Cobran 239 pesos y reclaman un básico de 700. Se protegen bajo una treintena de carpas en la plaza del centro. Aún no reciben respuesta, excepto la de un escuadrón de 1700 efectivos que el viernes pasado llevó a cabo “una cobarde y salvaje represión”, como la definió Monseñor Dante Bernacki, un obispo local que responsabilizó al gobierno de Juan Carlos Romero por “la ostentación de un poder violento, dictatorial y desmesurado”. Los docentes convocaron a un paro general para hoy. Marcharán desde las 9.30 de la mañana y exigirán la renuncia del jefe policial y del secretario de Seguridad.
Lo que está pasando en Salta comenzó el año pasado, cuando el gremio docente llevó adelante una decena de paros aislados para pedirle al gobierno una recomposición del salario básico de 239 pesos, congelado desde hace diez años.
Alejandro Wardi da clases en el cuarto año del viejo nivel medio. Además, es docente terciario, secretario de Interior de ATE y vocero oficial del conflicto. Ayer estaba en el centro cívico, cerca de la Casa de Gobierno donde los maestros instalaron carpas desde que comenzó la protesta. “¿Si hay una carpa?”, pregunta sorprendido. “Nooooooo, no hay una, hay como más de treinta”. En las carpas no sólo hay maestros; hay padres y alumnos que de a poco fueron dejando atrás sus pueblos para sumarse, como pudieron, “a la pelea de la capital”, como ya se nombra a esta larga protesta en los montes del interior de la provincia.
La decisión del paro se puso en marcha en noviembre del año pasado. Cuando se acercaba fin de año advirtieron que el 1º de marzo no comenzarían las clases sin el aumento. “Y el primero de marzo, empezamos con el paro”, sigue Wardi. En lo que va del mes, hicieron cuatro marchas, “las últimas dos de 17 mil personas”, según ATE. Los medios locales, en cambio, contaron unas ocho mil personas en total, pero reconocieron que una de ellas reunió diez cuadras de gente “compacta, multitudinaria y sin blancos”.
La ministra de Educación, María Ester Altube, les ofreció una recomposición escalonada para llegar a fin de año con el salario exigido. La posición fue aprobada por la comisión directiva de la Agrupación Docente Provincial (ADP), que en este momento quedó aislada del 90 por ciento de los docentes. La mayoría de los que paran son afiliados a ADP, pero hacen la huelga en calidad de “autoconvocados”, amparados por la cobertura jurídica de ATE. Con los estatales, la huelga sumó al gremio nucleado por el Sindicato Argentino de los Docentes Privados.
El viernes pasado los “autoconvocados” estaban en la Plaza 9 de Julio dispuestos a movilizarse hasta la Legislatura, donde Juan Carlos Romero preparaba el discurso de apertura de las sesiones ordinarias. A la una de la tarde se dieron cuenta de que era una misión imposible: la Legislatura estaba rodeada por 1700 policías y un vallado ubicado a 300 metros de distancia. A las 20.30 “sin aviso previo, nos habían encerrado en un cerco, clausuraron todas las calles y cerraron las galerías comerciales con salidas para atrás”, dice Wardi.
A esa misma hora, frente a la plaza, la grey católica del centro se reunía para rezar en la catedral. Un diario local publicó una carta escrita por el vicario general de la Arquidiócesis de Salta, monseñor Dante Bernacki, después de la violencia. “De la cobarde y salvaje represión de la cual Salta no tiene memoria por la magnitud del atropello cometido contra los maestros y contra toda la gente, incluidos ancianos, mujeres y niños”. Parte de los reprimidos “eran fieles que habían ido a orar a la catedral por la agonía del Papa”.
El obispo contó lo que repite Belda Centeno, vicedirectora de la escuela San José, o lo cuenta en este momento Gustavo Calvente, maestro de cuarto grado de la escuela Padre Claret del departamento de Iruya, donde tres de las 58 escuelas todavía son escuelas ranchos con techo de paja, paredes de adobe, piso de tierra, sin luz. Allí es donde los maestros no tienen dónde dormir, por eso usan los pizarrones como elásticos para sostener un colchón y a veces “ni duermen”, dice Calvente, porque se los dan a los chicos que llegan a la escuela con sus camas que son cajones de madera, tal vez peores que el pizarrón.
El viernes, cada uno de ellos escuchó el primer aviso de represión después del mediodía, pero como la muerte del Papa, el anuncio fue desmentido, contó el obispo. “Incluso, lo desmintió el secretario de Seguridad, pero a pesar de eso, durante todo el día los efectivos policiales estuvieron apostados como una constante provocación”, escribió Bernacki. Ante el requerimiento de que no instalaran carpas en la plaza, los docentes levantaron dos de las que había en el lugar. Aun sin excusa, hubo balas de goma, gases lacrimógenos y policías pateando y atropellando a los que caían. Una maestra terminó hospitalizada con una infección renal, otra con el oído sangrando y otra lastimada por las patadas que le pegaron en el vientre. Hubo chiquitos lastimadas, y fueron detenidas 28 personas. “Como los jueces dicen que ellos no dieron la orden, pedimos la renuncia del jefe de policía y del secretario de Seguridad”, explica Wardi. Hoy se hará público ese pedido cuando comience el nuevo día de protesta.