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El nudo argentino de una amplia red internacional de pedófilos que distribuían imágenes pornográficas que involucran a niños y niñas por Internet comenzó a ser desatado ayer con un megaoperativo que consistió en veinte allanamientos en cibercafés y viviendas de distintos puntos del país. Los procedimientos se enmarcaron en un operativo de similares características iniciado hace semanas en España, país donde estaría la central de operaciones del parcialmente desbaratado Club de Pedófilos Internacionales. Pese a que la Policía Federal reconoció que se secuestró una “abundante” cantidad de material incriminador, no hubo detenidos. Y el motivo es que la ley 25.087 de delitos contra la integridad sexual penaliza la distribución, comercialización o producción de ese tipo de material, pero no el consumo o su tenencia.
La denuncia tuvo origen en Pontevedra, Galicia, tras lo cual la Guardia Civil española puso en marcha un operativo denominado Cerebro. Los procedimientos concretados por la Justicia ibérica a partir de marzo identificaron a unos 500 pedófilos de distintas ciudades del mundo y detuvo a 19 personas en España. En la Argentina, los investigadores de la operación Cerebro 2 detectaron 29 “objetivos” presuntamente vinculados con esa red. En los allanamientos se secuestró una importante cantidad de discos rígidos de computadoras, videos, discos compactos y papeles en los que aparecen escenas de abusos sexuales en los que, según se informó, habría niños de 3 a 7 años.
La traba para las imputaciones están en el Código Penal. Su artículo 128 indica que “será reprimido con prisión de 6 meses a 4 años quien produjere o publicase imágenes pornográficas” con menores de 18 años. El artículo 129 establece multas para quienes “ejecuten o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros”, también menores de 18 años. Estas sanciones rigen desde una modificación hecha en 1999, pero no se contempló la punición de la tenencia en suma cantidad para una potencial comercialización.
En el Congreso fueron presentados algunos proyectos de ley para revertir esta situación junto con la propuesta de creación de un cuerpo policial especializado en delitos contra menores. También se sugirió la creación de una base de datos sobre los diseñadores de sitios de pornografía infantil, y para detectarlos se recomendó la creación de un equipo especializado en informática capacitado para interactuar con la Interpol y policías de otros países más duchas en ese tipo de investigaciones. Las presentaciones aún no fueron tratadas en las respectivas comisiones.
Los allanamientos de ayer fueron simultáneos, la gran mayoría de ellos se concretó en locales de Internet. En la provincia de Buenos Aires, la búsqueda se dirigió a las ciudades de Mar del Plata, La Plata, Boulogne, Quilmes, Ituzaingó y Castelar, donde se incautaron más de 600 CD y fue allanada la única vivienda particular: la de un docente de un colegio católico. En Capital Federal, el personal policial registró locales de Internet y en uno de ellos, ubicado en Lavalle al 800, en pleno centro porteño, se secuestraron carpetas con material pedófilo. También hubo procedimientos en Neuquén, Salta, Tucumán y Córdoba. Los operativos estuvieron a cargo del personal de la Superintendencia de Investigaciones Federales.
Según detallaron los investigadores, uno de los requisitos para incluir a un miembro al club pedófilo consistía en la presentación de “imágenes inéditas donde se practicaba sexo en forma aberrante y donde se veía a adultos abusando de menores de edad”. “En algunos casos se han visto escenas de mujeres con niños y hombres mayores sometiendo a niñas de 3 a 7 años”, precisaron fuentes policiales.
En Mar del Plata se allanaron dos cíber del centro de la ciudad, según lo afirmó Carlos Sandrini, jefe de la delegación marplatense de la Policía Federal. “Por ahora no hay detenidos ni se considera a los responsables de esos locales como imputados, porque puede ser que fuera algún clientequien utilizara esas computadoras para enviar pornografía infantil”, señaló.
Como el rastreo llegó desde Pontevedra hasta la Argentina, el Ministerio Público español dio cuenta de la denuncia a la Procuración General de la Nación, y luego el caso cayó por sorteo en la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 40, con intervención del Juzgado 30, que demoró al menos 25 días para ordenar los allanamientos a cargo de la División Delitos en Tecnología y Análisis Criminal de la Superintendencia de Investigaciones Federales. La red con presunto asiento en España tiene miembros en Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.