SOCIEDAD › EL CONGRESO AUN NO RATIFICO EL
CONVENIO PARA EL CONTROL DEL TABACO
Proyectos de ley que se hacen humo
Mientras el ministro de Salud se apresta a enviar un nuevo proyecto de ley antitabaco, las demoras en el Congreso hacen peligrar beneficios económicos para el país. Presión de las tabacaleras.
El ministro de Salud anunció ayer que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley antitabaco destinado a reducir el consumo de cigarrillos y prohibir tanto la publicidad de las empresas tabacaleras como la venta a menores de edad, entre otros puntos. Pero los legisladores nacionales aún tienen pendiente no sólo un proyecto similar al anunciado, sino la ratificación del Convenio Internacional para el Control del Tabaco aprobado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2003 y presentado en el Parlamento, hace un año, por el mismo Ginés González García. No son pocos los legisladores y funcionarios que ven detrás de ese retraso la mano de las empresas tabacaleras multinacionales asentadas en provincias del norte argentino.
“Hay un proyecto de ley prácticamente listo y que va a ir al Congreso”, dijo González García ayer, en el Día Mundial Sin Tabaco, durante el lanzamiento de una guía para convertir a los hospitales en lugares sin humo y otra sobre tratamientos de adicciones al tabaco. El proyecto fue elaborado por especialistas de la cartera sanitaria y, de convertirse en ley, invitará a los gobiernos provinciales a sancionar la normativa complementaria para su cumplimiento. Algunos de los puntos para desalentar el consumo son la creación y ampliación de espacios libres de humo y la prohibición de publicidad de tabaco en espacios públicos, la venta a menores y la existencia de máquinas expendedoras de cigarrillos.
La medida que, en caso de aprobarse, será percibida en lo inmediato por la sociedad es el aumento del impuesto al tabaco y el consiguiente valor del paquete. El piso del incremento está siendo evaluado por la cartera sanitaria y de Economía.
La Argentina contó con una ley que restringía la publicidad de cigarrillos y sancionaba de varias formas a las tabacaleras. Pero fue vetada en 1992 por Carlos Menem debido a presiones de esas industrias multinacionales, tal como lo publicó entonces este diario. Esa ley había sido impulsada por el ex ministro de Salud y hoy diputado por el radicalismo Aldo Neri. “A diferencia de esos años, ahora las empresas tienen una posición más inteligente: aceptan a los críticos, a los fumadores pasivos, se pliegan a programas gubernamentales. Pero preservaron algunos márgenes para el manejo publicitario indirecto a través del patrocinio de algunos eventos deportivos, y eso es lo que tendría que evitar el nuevo proyecto”, analizó Neri.
Aunque tiene puntos en común, el proyecto no tiene relación directa con la ratificación del Convenio para el Control del Tabaco de la OMS, que propone medidas similares y agrega otras que comprometen a los Estados adherentes a combatir el consumo de tabaco. El convenio, que cuenta con la adhesión de 68 países, fue firmado en 2003 por el presidente Néstor Kirchner. Y en 2004 fue presentado en el Senado el proyecto para convertirlo en ley. Desde entonces aguarda su ratificación.
Las excusas del retraso provinieron de senadores de las provincias tabacaleras: Corrientes, Jujuy, Misiones, Chaco, Tucumán, Formosa y Salta. “Dijeron a los productores tabacaleros que el convenio obligaba al Estado a destrozar sembradíos, cuando en verdad lo que dice el texto es que cada país debe desalentar la producción para consumo local, que en el caso de Argentina es el 30 por ciento de los sembradíos”, explicó a Página/12 un funcionario del Ministerio de Salud.
Algo de esto es cierto. Cuando la ratificación estuvo a punto de ser tratada en el Senado, varios legisladores promovieron reuniones con pequeños productores tabacaleros en el mismo Congreso. Esos encuentros culminan mañana y se estima que la aprobación no tardará en llegar. Luego deberá se aprobada por Diputados.
“Pero si esto no se hace dentro de dos meses, la Argentina quedaría excluida de los importantes recursos que la OMS destina a los Estados parte para que algunas ONG intervengan en el mejoramiento de las condiciones de trabajo de los productores”, expuestos al uso de agroquímicos que perjudican su salud, destacó a este diario la presidentade la Comisión de Salud de la Cámara alta, Mercedes Oviedo.
“Eso sí –admitió–, también tenemos problemitas con las industrias, que asustan a los productores. Pero en ningún párrafo se menciona la prohibición a plantar ni consumir. Sí a difundirlo abiertamente.”
Por su parte, Neri admitió la “presión” de las empresas y a la vez la desestimó: “Eso es una tontería porque más del 70 por ciento del volumen que producen se exporta, es decir que no cae bajo las restricciones del país ni de la baja de consumo de cigarrillos que se busca con este tipo de leyes”.
Informe: Adrián Figueroa Díaz