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La improvisación se siente cómoda al lado de Omar Chabán. Así lo testimonian los acontecimientos de ayer, trascurridos en Papillon, la casa del Delta que tiene que dejar el lunes porque quienes se la alquilaron a sus amigos no quieren saber nada con dar reparo al acusado de 193 muertes. Minutos antes de firmar el contrato para que le alquilaran otra casa, a 35 kilómetros del embarcadero de Tigre, los propietarios prefirieron dar marcha atrás. Aparentemente, porque “a los dueños les molestó que se diera a conocer el lugar”, entre el arroyo Chaná y el Paraná Miní. Tal vez por quitarse la bronca, Chabán denunció por “amenazas” a los siete familiares de víctimas de Cromañón que se manifestaron frente a su casa actual. Y recibió a un sobreviviente, a quien respondió las preguntas que consideró oportunas. “Soy la víctima 195”, fue una de las frases de Chabán, al hablar con un periodista de la revista Veintitrés, sobreviviente de Cromañón.
Que está difícil conseguir alquiler, Chabán lo sabe mejor que nadie: “El juzgado ya autorizó un nuevo domicilio junto al Chaná, pero los propietarios no firmaron el contrato de alquiler. A última hora dieron marcha atrás”, indicaron desde Prefectura, que se encarga de custodiarlo. Por esta razón “su traslado va a estar suspendido”, confirmaron. El problema es que el empresario “se tiene que ir el lunes sí o sí” de Papillon, porque así lo habían pactado su abogado, Pedro D’Attoli, y el de la propietaria disgustada.
La agenda del viernes siguió cargada para Chabán. Recibió a un sobreviviente del 30 de diciembre, con quien mantuvo un diálogo “normal, en tonos amables”, según contaron desde Prefectura. “El visitante le hizo preguntas sobre el boliche, Chabán le contestaba si le parecía, si no, no. La charla no fue muy larga, duró entre cuarenta minutos y una hora”, aseguraron. Mientras tanto, afuera “siete padres se manifestaban sin producir ningún tipo de alteración”. Pero el empresario hizo presentar en la policía de las islas “una filmación de Canal 9” en la que aparecen los familiares “amenazando a mi familia”, denunció. La policía dio intervención a la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº2, de San Fernando. En cuanto a Raúl Villareal, también imputado por las muertes de Cromañón, aún no pudo dejar la cárcel. Si bien la Justicia le bajó la fianza de 30 mil pesos a 15 mil, su abogado todavía no se presentó a abonar la suma, porque no la pudo reunir.

Informe: Sebastián Ochoa.