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En Uruguay, bajo el impulso de los votos de los legisladores de la oficialista coalición de izquierda Frente Amplio-Encuentro Progresista, se puso en vigencia la Ley de Humanización de las Cárceles, que posibilita la libertad anticipada de presos condenados por delitos menores. La primera tanda de doce reclusos salió en libertad esta semana y “un total de entre 700 y 800 lo hará en lo que resta del año”, adelantó a Página/12 el diputado del Frente Amplio Javier Salsamendi. Tanto Salsamendi como su compañero de bancada Pablo Alvarez señalaron que la medida intenta descomprimir la explosiva situación en las cárceles uruguayas, donde “se hacinan 8300 detenidos”. En Uruguay, tal como ocurre en Argentina, el total de presos “se duplicó en los últimos diez años” y la superpoblación es del ciento por ciento. La nueva ley, que al comienzo fue resistida por la ciudadanía, se funda “en la certeza de que el problema de la inseguridad no se soluciona con más cárceles”, sino “con políticas sociales que impidan que los sectores postergados caigan en el delito y que eviten la reincidencia de los que salen en libertad tras purgar su pena”.
El sistema instrumentado es monitoreado por la Suprema Corte de Justicia y por 20 expertos que tienen la responsabilidad de analizar la conducta de los posibles beneficiarios. Una vez fuera de la prisión, el seguimiento corre por cuenta del Patronato de Encarcelados y Liberados, en cuyas oficinas deben presentarse en forma periódica los beneficiarios. De no cumplir con ese requisito en tres ocasiones, se dará intervención a la policía y el infractor volverá a prisión, con la posibilidad de que se le aplique una pena mayor a la que le correspondía. “No pueden recibir el beneficio los autores de homicidios agravados, violaciones, delitos relacionados con el narcotráfico o el lavado de dinero e incluso los autores de delitos económicos que hayan causado graves daños a la economía”, aclaró Salsamendi en diálogo con este diario.
La ley prevé la libertad anticipada para los presos que cumplieron la mitad de su pena en caso de delitos leves, o los dos tercios si se trata de condenas de mayor gravedad, con las excepciones señaladas. La norma fue aprobada con los votos de los legisladores de la coalición de izquierda gobernante, que tiene mayoría absoluta en las Cámaras de Senadores y de Diputados. Las bancadas de oposición se opusieron al proyecto, con el argumento de que su aplicación “puede generar problemas de seguridad pública”. Salsamendi sostuvo que la discusión del tema generó “un fenómeno comunicacional, dado que al principio el 70 por ciento de la población expresó su oposición a la iniciativa, pero luego de que se explicaran los objetivos y del debate público, la aceptación fue mayoritaria”.
El diputado Alvarez sostuvo que el objetivo de la ley es “romper con la lógica de más y más cárceles, como única forma de enfrentar los problemas de seguridad”. Lo que se busca es “la modernización y la humanización del sistema, no sólo para los presos, sino también para los guardias, que como se dice acá, tienen media pena, dado que de vez en cuando salen de la cárcel y se van a su casa”. Además de anticiparse la salida de los presos por delitos menores, otros reclusos están en condiciones de abreviar su estada en la cárcel si trabajan o estudian.
“Una de las herramientas fundamentales de la ley es la que premia el estudio o el trabajo. Por cada ocho horas de trabajo se disminuyen dos días de prisión y por dos días de estudio de seis horas, la rebaja es de un día de condena”, explicó Alvarez. En todos los casos, siempre tomando en cuenta el delito cometido, los expertos realizarán una evaluación psicológica del posible beneficiario, para determinar si está en condición de salir en libertad. “Es fundamental el seguimiento de los casos por el Patronato de Liberados, porque está demostrado que cuando hay apoyo, los niveles de reincidencia bajan en un 50 por ciento”, dijo Salsamendi.
Uno de los puntos centrales es garantizar que el ex preso tenga posibilidades de inserción laboral. “Aunque se haya purgado la pena, es difícil para ellos conseguir trabajo, de manera que estamos instrumentando un plan de inclusión para que las empresas de servicios o de construcción, contratadas por el Estado, accedan a darle trabajo a los liberados”, explicó Salsamendi. “La ley de humanización de las cárceles es el primer paso de la modificación de la política criminal, lo que incluye también en esta primera etapa la creación de una Oficina de Asistencia a la Víctima.” Salsamendi insistió en que “el incremento de las penas para combatir el delito ha demostrado ser un fracaso, porque el mayor tiempo de encierro no contribuye a reducir el problema de la violencia sino que lo magnifica”.