Los padres de un niño con una enfermedad que sólo se cure con un trasplante de un hermano están más cerca de una solución en España. El Congreso aprobó ayer la nueva ley de reproducción humana enviada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que permite la selección de embriones para tener hijos que sean potenciales donantes para sus hermanos. Cada caso de selección genética de embriones deberá ser estudiado individualmente. En contra estuvieron el Partido Popular (PP) y Unión Democrática de Catalunia (UDC), que también se opusieron a que se puedan donar los embriones sobrantes de los procesos de fecundación asistida para investigar.

La Cámara baja del Parlamento español ratificó así la decisión tomada por el gobierno el pasado 6 de mayo, cuando dio su visto bueno a este proyecto de ley. La nueva norma permitirá a las familias que tengan hijos con alguna enfermedad genética concebir otro hijo sano compatible con el primero, sin tener que salir del país como ocurría hasta ahora.

El proyecto de ley, que ahora ser enviado al Senado para su debate y votación de las enmiendas que se mantienen, prohíbe la clonación de seres humanos con fines reproductivos, en sintonía con los preceptos incluidos en la Constitución de la Unión Europea (UE).

La legislación sobre reproducción asistida en España sufrió varias modificaciones en los últimos años y la anterior normativa data de 2003, cuando fue aprobada por el gobierno del conservador Partido Popular. Sin embargo, el PP votó en contra de una parte del dictamen de este proyecto, al discrepar en el punto de la selección genética. Ante esta postura del PP, la ministra de Sanidad, Elena Salgado, acusó al principal partido de la oposición de haber atendido criterios “pseudorreligiosos” y a las instancias más conservadoras de la jerarquía eclesiástica.

La ministra lamentó la oposición a esta futura norma y especialmente a algunos de sus aspectos más innovadores, como es la citada selección genética. De este punto en concreto, la ministra dijo sentirse “especialmente satisfecha” y aseguró que hay 150 familias a la espera de poder acogerse a esta posibilidad. No obstante, recordó que la autorización de esta técnica “se limitaráa casos excepcionales”, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida y con las “máximas garantías éticas y científicas”.

La ley elimina las restricciones impuestas en 2003 por el PP al número de ovocitos que se pueden fecundar en cada ciclo. Hace algo más de dos años la ley dejó el número de óvulos a fecundar en tres, para evitar el problema que planteaba el destino de los embriones que se quedaban sin usar. El proyecto prefiere que se puedan extraer y fecundar más óvulos, aunque deja en tres el máximo de embriones que se pueden implantar en cada ciclo. Con ello se pretende evitar el sufrimiento de las mujeres, que deben someterse a distintos ciclos de estimulación antes de conseguir quedar embarazadas. Como explicó el diputado socialista Alberto Fidalgo, con las técnicas actuales de reproducción asistida hacen falta 3,5 ciclos de estimulación de producción de óvulos y su extracción para conseguir un embarazo, y de éstos sólo una cuarta parte acaba con el nacimiento de un niño, lo que supone que las mujeres tienen que someterse repetidamente al “doloroso” –y caro– proceso varias veces antes de conseguir ser madres.

Además, el proyecto abre la puerta a que todos los embriones sobrantes se puedan donar a otras mujeres, destruir o, si la mujer o la pareja así lo deciden después de haberse informado, dedicarse a la investigación.

La nueva ley, que no establece una edad límite para ser madre por medio de esta técnica, mantiene la prohibición en el país de las denominadas madres de alquiler y regula la donación gratuita y confidencial de gametos (óvulos y espermatozoides).

Como ya había hecho en la tramitación en comisión del proyecto, la diputada popular Mercedes Roldós volvió a acusar al gobierno de tener “oscuros motivos sociales” al aprobar lo que llamó bebés-medicamento. La diputada no concretó a qué se refería, pero la ministra de Sanidad había dado una pista al mencionar, durante su intervención, que una de las críticas que le iban a hacer era que el gobierno fomentaba “la clonación con fines de investigación genética o incluso con fines militares”.