El rottweiler que cuida la casa del juez de garantías de La Plata Néstor de Aspro no alcanzó a ladrar. Fue el jueves, cuando alguien durmió al animal con un sedante especial y forzó la reja de una ventana del lavadero de su casa, en City Bell. El invasor, a todas luces, y según el propio magistrado le dijo a Página/12, no quiso robarle, sino dejarle un mensaje mafioso. El mensaje consistió sólo en entrar, abrir a la fuerza el placard, sacar y revolver un cajón de la mesa de luz de su cuarto y salir sin dejar mácula ni escrito. De Aspro puede repasar la veintena de causas en las que se investiga corrupción policial o política buscando sin certeza el origen de la jugada. El juez instruye causas como las de enriquecimiento ilícito del ex jefe de la Bonaerense Alberto Sobrado y de otros capos de la fuerza sospechados de abultar cuentas en la Argentina y el exterior. También una conocida como la del “degüello de expedientes” o el cajoneo de denuncias de robo para mejorar la estadística policial, que justamente fue elevada a juicio esta semana.

“Cuando entro a mi casa con el auto a través del portón eléctrico y llego por atrás, veo que forzaron la reja del lavadero. Lo han hecho con mucha prolijidad. Pusieron una manta para no dejar pisadas en el lavarropas y en una mesada de mármol. Sorprende la limpieza que hay en todo el proceder”, le dijo De Aspro a este diario. El magistrado ya había recibido una mala señal o al menos un indicador de su vulnerabilidad: el año pasado, dice, su teléfono celular oficial desapareció de su propio despacho. “Lógicamente estoy muy preocupado porque ha sido un mensaje donde me han dicho entramos de día, te miramos, te vigilamos, sabemos cómo entrar a tu casa. Es evidente que le tiraron un pedazo de carne con sedante al perro, y después ni tocaron cincuenta euros que había a la vista en el placard que abrieron”, dijo.

De Aspro recibió un llamado del Ministerio de Seguridad en el que ayer se le anunció que tendrá un suboficial de custodia y que el patrullero de su barrio pasará a cada rato frente a su casa. Pero las medidas parecen no tranquilizar demasiado al juez.

–Teniendo en cuenta que interviene en causas en las que se investiga a varios ex jefes de la Bonaerense, ¿pensó en pedir custodios de otra fuerza?

–Las medidas de seguridad no las puedo disponer yo, sino el ministro de Seguridad o el fiscal que interviene en la causa. Yo no soy especialista en seguridad, lo que hago es tratar de ser juez, de preservar las garantías. Claro que así como está la situación, después de un robo en mi despacho el año pasado, y de este mensaje, estoy preocupado.

De Aspro tiene 53 años, hace 30 que trabaja en el Poder Judicial y hace seis que es juez. Divorciado, vive solo hace un tiempo y es un hombre ordenado. Ese orden casi no fue alterado por el o los que entraron a su casa de la calle 30, entre 465 y 466, City Bell.

Además del enriquecimiento ilícito del ex jefe Sobrado, por el despacho del juez también pasó la causa en la que se investiga al ex número dos de la policía provincial Héctor Rodolfo Díaz, el comisario general que fue director de Seguridad, y dos investigaciones en torno a posible corrupción de funcionarios. Uno de ellos es el presunto fraude en perjuicio a la administración pública que se le imputa a un ex concejal de La Plata y actual diputado, Pablo Bruera, y el otro está vinculado con posibles irregularidades en la Dirección General de Escuelas bonaerense.

Consultado por este diario, De Aspro contó los orígenes de la causa en la que nueve jefes policiales son acusados de cajonear expedientes, elevada a juicio oral esta semana. “La investigación empezó porque había quejas de que no se hacían trabajos de investigación en denuncias que habían efectuado distintas personas. Surgió que no tenían trámite, porque la policía no las había enviado a la fiscalía y se la conoce como el degüello de expedientes”, dijo. Lo que la Justicia intentará probar es si lo hacían para desvirtuar las estadísticas de delitos y de esa manera mejorar la performance policial. El caso del aparente mensaje a De Aspro lo investiga el fiscal platense Alejandro Villordo.