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Es larga la lista de casos de encarcelados que bordean lo increíble pero real en la provincia de Buenos Aires. Pero quizás el que más llama la atención sobre la dura ley de excarcelaciones en vigencia es el de ese hombre que estuvo preso durante un año por haber robado una pata de pollo y luego fue absuelto de culpa y cargo. Claro que esa historia queda en anécdota si se consideran los efectos que las restricciones impuestas por el gobierno de Carlos Ruckauf –con el acuerdo unánime de todos los partidos– impusieron al otorgamiento de la libertad para los sospechosos de cometer delitos menores. Así, según un informe preparado por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en un año de vigencia de la ley la cantidad de presos se duplicó, llevando el sistema carcelario a un colapso inminente. Es por eso que la administración de Felipe Solá, con el acuerdo del propio bloque justicialista de la Cámara de Diputados, prepara una nueva modificación, ahora para desatar las manos, no tan atadas, de los jueces que consideren que una pata de pollo no vale un año de cárcel aunque el ladrón haya tenido un anterior proceso por hurto.
Hace más de un mes que el informe, conocido ayer, circula por los despachos de los jueces de garantías y de los funcionarios de justicia y gobierno de la provincia. Se trata de una de las primeras tareas que ordenó el secretario de Derechos Humanos Jorge Taiana, quien depende directamente del gobernador Solá. “Superpoblación en Unidades y Comisarías de la Provincia de Buenos Aires”, se titula el informe que diagnostica que se ha superado en forma excesiva la capacidad de alojamiento de cárceles y comisarías, originando una situación de “extrema gravedad y peligro”. Ese borde que llega a las condiciones inhumanas, la fetidez, las infecciones, el hacinamiento de hasta 60 personas en un lugar para diez, es mucho peor en las comisarías, donde según el informe había hasta fin de abril 7196 detenidos en calabozos con lugar para 2864. De esos presos, 137 eran menores de edad. “Habiendo pasado un mes, excepto algunos traslados al Servicio Penitenciario Federal y alguna acción de amparo o clausura ordenada por un juez, podemos decir que la situación debe haber empeorado”, le dijo a Página/12 Taiana.
El informe realizado por la secretaría incorpora los casos relevados por el defensor de Casación, Mario Coriolano, entre ellos el de la denuncia de los defensores oficiales de Quilmes que describieron cómo encontraron a los presos en una comisaría preparada para ocho detenidos pero albergue de 17. “La falta de aire impide respirar bien a los detenidos y nosotros nos ahogábamos en la visita. Las condiciones en que se encuentran los detenidos son peores que las de los animales en una jaula. Si esta defensoría hubiera observado animales en esas condiciones deberíamos hacer una denuncia penal”, describen. Pero el caso de la comisaría de Quilmes es apenas un atisbo de lo que ocurre en el Gran Buenos Aires. Solo como ejemplo se informa que en la comisaría 1ra. de Pilar se tiene lugar para 16 personas y aloja a 53, mientras que la 1ra. de San Fernando, con capacidad para diez, aloja 78. Esos casos extremos no invalidan el hacinamiento en las cárceles: hasta el 22 de abril en las provinciales había 16.126 personas detenidas, aunque la capacidad es para poco más de 14 mil. De todos ellos sólo 2152 estaban procesadas.
A juicio de la Secretaría de Derechos Humanos, el incremento en la cantidad de detenidos no es una consecuencia sólo del aumento de la criminalidad, sino del cambio que en marzo del año pasado se le hizo a la ley 12.405 con el acuerdo total de los diputados y senadores bonaerenses, incluyendo, obviamente, a los radicales y frepasistas de la Alianza. “Está muy bien que se revise lo que no sirvió para nada. Fue un error histórico que tarde o temprano habrá que reconocer”, le dijo ayer a Página/12 un vocero del Frepaso. Aquel mal paso conjunto de los bonaerenses legislativos estuvo teñido de la urgencia que parecía imprimirle a un endurecimiento la relativísima “opinión pública” horrorizada por el crecimiento del delito que ya acompañaba la crisis social. Es esaurgencia, o al menos esos gritos neuróticos, lo que ahora unos bloques y otros estarían dispuestos a no oír a cambio de una racionalización de la norma por la que los jueces, más allá de la pena correspondiente al delito supuestamente cometido, están obligados a denegar el beneficio de la excarcelación ante ciertas modalidades delictivas.
Debido al artículo 171 del Código Procesal Penal, los jueces no pueden tener en cuenta las circunstancias especiales de cada caso. “Se restringieron las facultades para que los jueces analizaran en cada caso si el imputado intentaría –en el caso de una penal alternativa– eludir a la Justicia”, se lee en el diagnóstico. No obstante Taiana remarcó que los jueces de garantías disponen de varios mecanismos como la excarcelación extraordinaria para impedir que una persona presuntamente autora de un delito que produjo un daño social mínimo permanezca encerrada durante el proceso en condiciones infrahumanas. Ese fue el caso al menos de los dos hombres que a quienes se les imputó el apoderamiento de una pata de pollo, calificado como robo simple en grado de tentativa.
A uno de los detenidos por ese pedazo de comida se lo dejó preso un año porque tenía un proceso pendiente por un hurto. Su supuesto cómplice se presentó por propia voluntad ante la Justicia, pero tenía una condena en suspenso de solo cuatro meses. Entonces a ambos se les denegó la excarcelación. Finalmente no eran ellos los que habían robado la pata de pollo. El informe de Derechos Humanos cita también la historia de una persona que estuvo casi un año detenida por robar una oveja, hecho calificado como robo agravado y por lo tanto imposible de excarcelar debido al monto de pena máxima. “Es que hay muchas personas que están innecesariamente detenidas y no se trata de un problema de mano dura o blanda sino de eficacia”, opinó Taiana, quien calculó que el 20 por ciento de la población carcelaria podría no estar presa con un cambio de ley.