El gobierno de San Pablo admitió oficialmente que fueron 110 los muertos en la represión policial al Primer Comando de la Capital (PCC), que desató una ola de violencia en el Estado, y reconoció que 31 de ellos no tenían vinculación con esa organización. La auditoría de la Policía Militar local denunció ante el organismo interno que investiga a los propios agentes por 40 casos de muertes por armas de fuego en los que sospecha que pudo haber abuso policial, y pidió la apertura de investigaciones.

Los 31 muertos excluidos de la lista de víctimas del ilegal comando carcelario figuran como casos de “resistencia seguida de muerte”, y sólo ocho de esos cadáveres fueron identificados. La rectificación de la cifra de muertos vinculados con el PCC, ahora 79, se produce un día después de que el Ministerio Público presionara al gobierno y a la policía estaduales para presentar la lista de personas fallecidas y las circunstancias de sus muertes.

Según el coronel Elizeu Texeira, comandante general de la Policía Militar de San Pablo, de las 79 muertes relacionadas con el PCC, 62 ocurrieron en situaciones de “reacción inmediata de la policía” y otras 17 en “acciones preventivas”. Del total, 40 fueron identificados “con amplios antecedentes penales y vínculos con el PCC”. De los 17 muertos en “acciones preventivas”, 10 fueron identificados y nueve tenían antecedentes criminales.

El PCC colapsó el estado de San Pablo con rebeliones en 80 presidios, atentados contra policías, bancos y autobuses desde el viernes 12 hasta el miércoles 17 de mayo. En esos días, habitantes de los barrios de la periferia de San Pablo denunciaron la acción de policías y de escuadrones de la muerte contra personas que tenían antecedentes penales pero no vínculos con el PCC.

Organizaciones de derechos humanos, entidades civiles y la Fiscalía Federal del estado de San Pablo solicitaron que se forme una comisión, que incluya además tres representantes de la sociedad civil, para supervisar las investigaciones de los abusos policiales.

Según los datos de la auditoría policial, las ejecuciones denunciadas ocurrieron en barrios de la periferia de la ciudad de San Pablo y en el área metropolitana. En uno de esos casos, tres jóvenes habrían sido asesinados a pocos metros de sus casas en un barrio de la zona sur de la ciudad el domingo 14 por hombres vestidos de negro y encapuchados que bajaron de un auto, según declaraciones de parientes de las víctimas.

El mismo día, otros cinco jóvenes fueron ejecutados en un barrio de la zona este de San Pablo con tiros en la cabeza y por personas encapuchadas mientras conversaban en una esquina, contó la prima de una de las víctimas.

Por su parte, unos 22 mil agentes penitenciarios de San Pablo iniciaron ayer una “huelga por tiempo indeterminado”, en reclamo de una “bonificación” salarial y la renuncia del secretario de Asuntos Penitenciarios, Nagashi Furokawa. El Sindicato de Agentes de Seguridad Penitenciaria del Estado afirmó que las 144 unidades carcelarias de San Pablo, que albergan 130 mil detenidos, “están con agentes en huelga”.

La crisis en el sistema de seguridad pública de San Pablo “puede agravarse”, alertó el sindicato penitenciario. El presidente del sindicato penitenciario, Cécero Sarney dos Santos, que reclamó la renuncia de Furokawa, afirmó que ese funcionario “sólo está del lado de los presos”. “Si el gobierno nos hubiera escuchado, no hubieran tenido lugar los ataques del crimen organizado”, sostuvo el dirigente.

En contraposición a los penitenciarios, ayer el informe 2005 de Amnistía Internacional (AI) señaló sobre Brasil que “las violaciones a los derechos humanos continuaron de manera generalizada en el sistema carcelario, donde las condiciones son frecuentemente crueles, inhumanas y degradantes”. Según el documento, entre 1999 y 2004 fueron registrados “más de 9 mil homicidios cometidos por la policía”, en su mayoría casos de “resistencia seguida de muerte”, sin investigación judicial. Amnistía también constata la recurrente existencia de asesinatos ejecutados por escuadrones de la muerte con “participación de miembros activos de la policía”.