El delasotismo amagaba ayer con pedir el jury de enjuiciamiento y la destitución de los tres fiscales del caso Dalmasso. El presidente provisional de la Legislatura, Francisco Fortuna, exhibió ayer distintos argumentos: “La actuación de los fiscales ha alimentado el descontento y la desconfianza de la gente en la Justicia”; “han desempeñado mal su función” y, acompañando una crítica del gobernador José Manuel de la Sota, “los fiscales no dieron explicaciones; la gente merecía una explicación”. Anoche, se estaba gestando un comunicado de la Asociación de Magistrados de Córdoba y de un grupo de fiscales para denunciar la intromisión política en la investigación judicial. Al mismo tiempo, De la Sota designaba a Darío Vezzaro como nuevo fiscal general, tras la renuncia de Gustavo Lascano. La piedra del escándalo fue la orden de captura contra el pintor-albañil Gastón Zárate, dejado en libertad 22 horas más tarde por el juez de Control Daniel Muñoz. Sin embargo, el magistrado dice explícitamente en su resolución que “la improcedencia de la detención no implica la desincriminación que supone el sobreseimiento. La imputación justifica su subsistencia al verificarse un incipiente caudal convictivo que la sostiene y propone el avance y la profundización de la investigación”. O sea que el juez les da la razón a los fiscales, dice que hay pruebas contra Zárate, pero no las suficientes como para dejarlo preso.

El caso Dalmasso ya está en el centro de la escena política cordobesa. Es usado por los adversarios de De la Sota para imputarle que mandó a detener a un perejil. Eso es lo que sostiene, por ejemplo, el intendente de la capital, Luis Juez. Pero también De la Sota y sus seguidores se defienden atacando a los fiscales y argumentado que no explicaron las razones por las que Zárate fue detenido. De manera que, en el terreno político, el caso quedó como una carrera de todos contra los fiscales.

Estos se defienden con distintos argumentos:

- “El juez no dice que la detención fue descabellada. Sostiene que hay pruebas, pero que no alcanzan”, explicó una fuente de la fiscalía.

- “Nosotros vamos a apelar la decisión ante la Cámara de Río Cuarto. Ese es el proceso judicial correcto. ¿Dónde está la irregularidad?”

- “¿Cómo nos pueden acusar de no haber explicado públicamente la detención? Somos fiscales, no voceros de prensa”, concluyeron en la fiscalía.

Anoche, el fiscal Javier Di Santo, que junto a Fernando Moire y Marcelo Hidalgo, tiene a cargo la investigación, redactaba la apelación a presentar ante la Cámara de Río Cuarto. Este tribunal tardaría aproximadamente quince días en emitir una resolución.

El juez Daniel Muñoz sostuvo que no se puede tomar como prueba la declaración de Carlos Curiotti, el amigo de Zárate, a quien supuestamente le contó que fue al Villa Golf Club y que mató a Dalmasso. Muñoz dice que como el padre de Curiotti denunció a dos policías por haber “apretado” a su hijo y se formó una causa judicial por ese motivo, no corresponde convalidar la declaración de Carlitos, como le dicen a Curiotti. Ayer, el joven fue a declarar ante el fiscal Walter Guzmán y éste señaló que “estaba tranquilo, habló bien y no se contradijo”.

Los fiscales de la causa Dalma- sso argumentan que el padre de Curiotti hizo la denuncia el viernes a las 11 horas, después de que se libró la orden de captura contra Zárate, en la noche del jueves. Pero el argumento fundamental es que el pintor-albañil no sólo le contó que había matado a Nora sino que dio tres detalles que los fiscales consideran llamativos:

- Que Nora tenía una especie de herida en el codo, algo que en verdad podía ver cuando trabajaba en casa de Dalmasso.

- Que utilizó aquella noche un consolador, presumiblemente durante la violación. Este dato nunca pudo ser corroborado, porque no se encontró el consolador y porque la autopsia no dice si las lesiones en la vagina y el ano son compatibles con ese juguete erótico.

- Y, lo principal, es que le contó a Carlitos que subió por la escalera que se usaba en la obra y entró en la casa por la ventana que da al balcón de arriba. Eso sí se comprobó en la reconstrucción del jueves como la hipótesis más probable, ya que las fotos demostraron que había agua bajo esa ventana debido a que aquella noche llovió intensamente.

Respecto del testimonio de la novia de Zárate y sus padres, el juez dice que es incomprobable. Los tres afirman que en los días posteriores al crimen de Nora, el albañil tenía un celular muy moderno y que tiró el chip al inodoro. Como ese celular Zárate dice haberlo perdido, no se puede comprobar que haya sido el mismo que robaron de la casa de Norita. Respecto del chip, en la intimidad Zárate afirma que tenía allí números telefónicos de otra amante, algo que parece poco creíble.

Más allá de que el juez Muñoz objetó estas pruebas, los fiscales insistirán con estos elementos ante la Cámara. A ello le sumarán la causa judicial originada en Shirley, la madre de Zárate, que a fines de abril denunció a su hijo por haberle propinado trompadas, patadas e intentar ahorcarla. Shirley ahora defiende a capa y espada a su hijo y afirma que aquélla fue una pelea familiar porque Zárate le contó que su novia, Natalia, estaba embarazada. En principio, los cálculos de tiempo no cierran: Natalia tiene un embarazo de cuatro meses y la denuncia se produjo hace diez.

“Creo en la inocencia de mi defendido –-dijo anoche el abogado Enrique Zabala a Página/12–. Leí el escrito del juez Muñoz y me pareció que los fiscales tienen muy pocas pruebas. En esa situación, fue un gravísimo error la detención. Hoy por hoy resultaría irregular que lo llamen a indagatoria como sospechoso. En la causa hay otro sospechoso, el funcionario Rafael Magnasco. Si no lo indagaron a él, no entiendo por qué van a indagar a Zárate. A menos que piensen algo ridículo, que los dos participaron en el crimen”.

Lo cierto es que a dos meses y medio del homicidio no se puede decir que la causa esté a fojas cero, pero sí que está envuelta en una polémica que puede terminar empantanando las cosas más todavía. No sólo se debaten las pruebas, sino que ahora la política se ha metido en el centro de la escena y la causa judicial se convirtió en una bandera de la campaña electoral cordobesa.