Las Naciones Unidas, por vía de uno de sus relatores especiales, le hizo llegar al gobierno argentino una carta en la que (con los modos diplomáticos que son de rigor) expresa su preocupación por buena parte de los contenidos del proyecto de marco regulatorio de la empresa Agua y Saneamiento Argentinos Sociedad Anónima (Aysa). El oficialismo procura aprobar la ley hoy en Diputados (ver nota aparte). El relator de la ONU sobre derecho a la vivienda, Miloon Kothari, alerta al gobierno argentino que ciertas carencias o generalidades de la ley entorpecen que “el acceso al agua sea un derecho humano”.

La misiva, a cuyo texto tuvo acceso Página/12, está fechada el 9 de febrero. Se remitió a variados destinatarios, incluidos el Presidente, la Cancillería, el Ministerio de Planificación y la presidencia de la Cámara de Diputados. El texto comienza recordando “que el derecho humano al agua es una de las garantías esenciales para asegurar un adecuado nivel de vida (...) relacionado de manera inextricable con los derechos a una vivienda digna, a una alimentación adecuada y al más alto nivel posible de salud” y “celebra” que tanto la ley constitutiva de Aysa como el proyecto que anida en Diputados así lo reconozcan. Tras esos reconocimientos subraya, con sutileza pero con precisión, principios generales descuidados por el proyecto de ley que “entendemos que será tratado en breve por la Honorable Cámara de Diputados”. Esos deslices obturarían la posibilidad de plasmar la preservación del acceso al agua como derecho humano. Sería una contradicción penosa en una experiencia piloto de reestatización de empresas de servicios públicos.

Aunque también se enumeran cuestiones vinculadas con la transparencia y la participación, el núcleo de la carta versa sobre desprotecciones de derechos humanos y sociales. Por ejemplo, la ONU se congratula por la inclusión de la “tarifa social” en el proyecto. Pero pone el foco sobre imprecisiones y falta de directivas precisas que podrían transformar el derecho en mera declamación. “Hacemos –dice textualmente– un llamado a su administración para que en el proyecto de ley se asegure que la tarifa social va a estar disponible para todas las personas de escasos recursos que lo necesiten y que será asequible conforme a su capacidad de pago.” La observación va en línea con un reproche detallado en una nota crítica del proyecto, enviada a los diputados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS): la propuesta oficial habla de tarifa social, pero no puntualiza los criterios para otorgarla.

El proyecto no reconoce la universalidad del derecho de acceso al agua, antes bien atribuye a las autoridades la facultad de determinar “casos prioritarios” (tácitamente se entiende que particulares), también poco precisados. La Secretaría de Recursos Hídricos podría, si la ley se aprueba, establecer “per se” la cantidad de recursos presupuestarios asignados para el programa de tarifa social. Esa franquicia no regulada ni sujeta a control podría desbaratar el objetivo perseguido.

Entrando en detalles, el funcionario de la ONU le reclama al Gobierno que se reconozcan de modo expreso los derechos de sectores especialmente desfavorecidos: mujeres, niños, pobladores de zonas desfavorecidas, y que estipule la gratuidad de la instalación del servicio para esos sectores. No hay una disposición similar en el proyecto.

Ni transparente ni insípido

La carta, que llegó al menos a la Casa Rosada y a Cancillería, menciona la escasa apertura a la participación y el control social ulterior. “Pareciera ser que el proyecto de ley no prevé la consulta y participación de los usuarios y de las organizaciones de la sociedad civil respecto de las decisiones de la Agencia de Planificación que será responsable de establecer y modificar los planes de expansión de los servicios, así como tampoco respecto de las que adopte la autoridad de aplicación, que tendrá a su cargo la determinación de las tarifas.”

Uno de los puntos más controvertidos del proyecto es, precisamente, la unificación de competencias en el Ministerio de Planificación, titular de la gestión, cabeza del Ente Regulador y de la Agencia de Planificación. O sea tres sombreros para una sola cabeza, la del ministro Julio De Vido, que gestiona, se audita a sí mismo y planifica a futuro, casi sin injerencia de la sociedad civil ni de organismos de control. Según la ONU, minimizar las auditorías sociales y la intervención ciudadana vulnera su Observación General 15, que garantiza “el derecho de los particulares y grupos a participar en los procesos de decisión que puedan afectar el ejercicio de su derecho al agua”.

Un debate pendiente

El proyecto de ley fue introducido de sopetón en el Congreso, evitando toda polémica pública previa. Se nota mucho la mano del sindicato conducido por José Luis Lingeri, que hizo un mundo en limitar la información, el control social y asegurarse manos libres. Pero, ya se dijo, lo central no es la opacidad, sino la falta de garantías sociales que pone en entredicho derechos humanos. La carencia de presencia ciudadana redondea ese riesgo.

La advertencia de estar en juego un derecho humano formulada por un organismo internacional debería llamar a la reflexión a un gobierno que ha hecho un blasón de su defensa.

La abismal distancia entre el proyecto actual y el de marco regulatorio de empresas privatizadas (que promovió el Gobierno en sus inicios y terminó de cajonear el año pasado) podría servir de marco de referencia para un debate escamoteado. Es posible, nada es seguro, que incluso algunos diputados del Frente para la Victoria recuerden esa distancia hoy en una sesión que se prevé picante.