La UBA estrenó el año con un nuevo conflicto entre las autoridades y las agrupaciones estudiantiles de izquierda. El foco: la Facultad de Ingeniería. La razón: denunciando numerosas irregularidades, el consejo directivo de la facultad le quitó al centro de estudiantes la explotación comercial de bares, apuntes, libros y fotocopias, que detentaba desde 1984, como ocurre en la mayoría de las facultades. Para la conducción estudiantil –el PCR y el PO, con apoyo de la FUBA–, se trata de una persecución ideológica y una avanzada privatizadora. El decano Carlos Rosito reconoció las evidentes diferencias políticas con los estudiantes, pero aseguró que ellas “no pueden ser un escudo para cometer delitos en la facultad”.

Los locales que hasta diciembre administraba el centro de estudiantes (CEI) son siete, ubicados en las sedes de Ingeniería sobre Paseo Colón y sobre Las Heras: dos bares comedores, dos locales de fotocopias, dos librerías con venta de apuntes y una imprenta. En total, 41 personas empleadas, cuya situación aún no fue definida.

Los problemas empezaron a mediados de 2006. “Hacia agosto –recordó Rosito ante este diario–, la presidencia del centro vino a decirnos que tenía dificultades para pagar sueldos. A raíz de eso, les pedimos informes específicos.” El decano explicó que las 1400 fojas recibidas permitieron detectar una deuda acumulada de 301.982 pesos, 18 causas judiciales abiertas por el fisco nacional (DGI, AFIP) contra el CEI por falta de aportes y contribuciones, más otros juicios iniciados por obras sociales. De acuerdo con la documentación exhibida por las autoridades, en diversos casos el CEI, al pagar sueldos a sus empleados, habría hecho las retenciones por descuentos jubilatorios, pero no habría realizado luego el correspondiente depósito en Anses. Además, en octubre pasado, el sindicato de trabajadores gastronómicos acusó al CEI de no abonar salarios en tiempo y forma, pagar sueldos sólo 11 de los 12 meses, tener personal sin registrar y de no garantizar condiciones de higiene y seguridad. La situación se complicó a fin de año, cuando el CEI se encontró sin fondos para pagar sueldos y aguinaldo. Ante los reclamos, el Ministerio de Educación se comprometió a destinar un subsidio de 54 mil pesos, dinero que fue adelantado por la facultad mientras se espera el aporte oficial.

Todas las circunstancias fueron denunciadas por el decano ante la AFIP para que se realice una investigación. “Como el CEI es insolvente y como su actividad se desarrollaba en el ámbito de la universidad, es muy probable que la responsabilidad termine recayendo en la UBA. Y nosotros tenemos que velar por los intereses de la UBA. No podemos permitir que la facultad quede involucrada en delitos como partícipe necesario –dijo–. Todo esto en nada se diferencia del vaciamiento de una empresa.” En ese contexto –como informó entonces Página/12–, el consejo directivo resolvió en diciembre revocarle al CEI la autorización para explotar los servicios.

“Los supuestos delitos son un argumento de campaña del decano”, respondió el actual presidente del centro, Leonardo Perna. “Es cierto que hay una deuda con la AFIP, pero es sólo un atraso, no una irregularidad. Es absurdo decir que hubo delitos cuando el propio Ministerio de Educación nos acaba de dar un subsidio. Lo que tiene que quedar claro –remarcó– es que en los once años que llevamos de gestión logramos revertir el proceso de privatización y negociados que había hecho Franja Morada. Otorgamos becas y descuentos a los estudiantes, bajamos los precios y terminamos con el trabajo en negro.” Como alguno de sus logros, el CEI reivindica la oferta de un menú estudiantil a 2,80 pesos y el financiamiento de dos centros de cómputos: “El centro de estudiantes tuvo que cubrir el agujero que dejaba el Estado, que se desentendió de su obligación de sostener estos aspectos de la educación, imprescindibles para que familias pobres puedan acceder a la universidad”.

La presidencia de la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), conducida por las mismas agrupaciones de izquierda, salió en defensa del centro. “Se trata, ni más ni menos, de uno de los primeros pasos de (el rector Rubén) Hallú y Cía. a la cabeza de la UBA –señaló Juan Pablo Rodríguez, copresidente–. Cuando hablábamos de privatización, nos referíamos entre otras cosas a la intención por parte de estas camarillas de desmantelar los espacios de estudiantes y docentes, y ponerlos en manos de privados.” Ahora, las agrupaciones estudiantiles exigen que se le devuelvan al CEI los bienes incautados (según las autoridades no fueron formalmente reclamados), se garantice la continuidad laboral de los 41 empleados, así como la calidad y el precio de los servicios.