Neuquén es una de las escasas jurisdicciones donde existe una avanzada ley de protección a la niñez. La ley, la 2302, data del 2000 y desde entonces que el gobierno de Jorge Sobisch intenta de una u otra manera anularla o, al menos, desfigurarla de hecho. El Sindicato de Peones de Taxis, ligado al oficialismo, pidió a la Legislatura que reformara la norma. Los taxistas piden que los niños y adolescentes en conflicto con la ley sean alojados en centros de contención. O sea, dar marcha atrás siete años y un siglo porque la 2302 considera al niño sujeto de derechos y garantías.

La campaña a favor de la reforma se inició el 1º de marzo último cuando unos 300 taxistas se movilizaron hasta la Legislatura para presentar una nota en la cual solicitaban la reforma de los artículos 70, 71 y 72 de la mentada ley. El gobernador neuquino, Jorge Sobisch, que encabezaba ese día la apertura de las sesiones ordinarias, sentó su posición rápidamente: “Se debe dar una discusión serena en la que se privilegie la recuperación, pero que la misma no se transforme en una herramienta para que a través de la edad se obtenga la impunidad”, destacó.

El articulado atacado por los taxistas plantea que los niños y adolescentes punibles no serán privados de su libertad durante el desarrollo del proceso judicial y además brinda al juez toda una suerte de medidas de contención y reinserción social alternativas al encierro del presunto imputado en un instituto de menores. “La ley tal como se aplica hoy no garantiza que un joven que cometió un delito al otro día no vuelva a robar o a matar”, sostuvo el secretario general del gremio, Darío Lucca.

Con el guiño del gobierno y la promesa del vicegobernador, Federico Brollo, de tratarlo en recinto, Lucca reclamó que “los pibes no sean restituidos a sus familias sino que sean derivados a lugares donde reciban contención”. “Así, tal vez puede insertarse, nuevamente, en la sociedad”, agregó. La movilización y el reclamo gremial se sostiene en un clamor de mayor seguridad luego del asesinato de Héctor Navarrete, en febrero último. Homicidio en el cual, según la policía y los taxistas, habrían participado dos menores de 17.

Para las ONG y sectores académicos y religiosos que lograron frenar la reforma impulsada en 2004, este reclamo es un “nuevo intento del Ejecutivo de instaurar la mano dura de la provincia”. Esta afirmación está sostenida en la vinculación política entre el gremio de taxistas y el gobernador. “El grupo de taxistas participa de la campaña a presidente de Sobisch. Es un nuevo intento de reforma del Poder Ejecutivo”, sostuvo Mónica Belli, del Foro en Defensa de la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Aunque según Belli, la ley no se está implementando a un ciento por ciento “debido a la falta de inversión del Estado provincial”, permitió bajar el número de delitos cometidos por niños y adolescentes.

Gustavo Vitale, uno de los autores de la ley y actual titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad del Comahue, aseguró que este reclamo intenta instalar las políticas de mano dura para resolver el conflicto social. “Utilizan un discurso engañoso. Hablan de hogares o institutos de menores, pero en el fondo no es otra cosa que pedir cárcel para chicos, sin saber si son culpables o no del hecho que se les imputa”, sostuvo.

Informe: Elisabet Contrera.