En el país bajó notablemente la cantidad de gente que sufre hambre, que carece de ropa o calzado adecuado y que no tiene empleo, pero ha aumentado el número de familias con problemas de vivienda, la cantidad de hogares sin acceso a los servicios públicos básicos como electricidad, gas, agua o cloacas, y también son más las personas insatisfechas con su estado general de salud. Esa radiografía surge del seguimiento que a través de encuestas realiza el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

En la introducción del documento con los resultados de la tercera encuesta que será presentado dentro de diez días y al que tuvo acceso Página/12 se señala que “a pesar de la importante recuperación general que ha experimentado la Argentina desde 2003 hasta la fecha, el país está todavía muy lejos de superar las consecuencias sociales dejadas por una larga etapa de caros errores económicos, degradación institucional y ausencia de un horizonte consensuado de desarrollo”.

La citada recuperación queda claramente de manifiesto en algunos de los indicadores que se exhiben en el cuadro adjunto. De casi un 11 por ciento de personas que decían padecer hambre en el primer relevamiento de mediados de 2004 se bajó a menos del 4 por ciento, aunque más de un tercio de la población reconoce que compra menos comida o de menor calidad que antes. También es notable el recorte a la mitad en las personas que no tienen ropa o calzado digno, si bien es indignante que más de una de cada diez personas padezca esa falta elemental.

El título que el Barómetro de la Deuda Social de la UCA eligió para su tercer informe anual es “Progresos sociales 2004-2006. Avances y retrocesos en una sociedad polarizada”. Entre los retrocesos sobresale la mayor insatisfacción con el estado de salud, el crecimiento en la gente con problemas de vivienda y el mayor déficit de acceso a la infraestructura de servicios públicos (electricidad, gas, agua o cloacas), que subió de un 41 a un impactante 46,9 por ciento de los encuestados.

Hay varios otros indicadores que han mejorado, pero siguen en niveles alarmantes. Por ejemplo, en cuatro de cada diez hogares los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos, y hay un 42,2 por ciento de la gente que tiene empleo sin protección social.

Entre la primera y la tercera encuesta hay un avance ínfimo en la escolaridad media (22,5 por ciento no asiste), lo mismo que en la cobertura de asistencia social: un 68,2 por ciento de los “hogares con problemas de autonomía económica no reciben prestaciones monetarias o no monetarias”. También se percibe estancamiento en el acceso a un seguro de salud, ya que la cantidad de personas que no cuentan con cobertura médica privada o por obra social bajó apenas del 39,9 al 36,2 por ciento. Pasa algo similar con la inseguridad, donde el número de los que sufrieron algún hecho delictivo en los seis meses previos a la entrevista bajó en forma ínfima de 22,7 a 21,4 por ciento.

En el capítulo institucional se registra que el Gobierno y la Justicia ganaron significativa confianza. En el mismo sentido evolucionó la sociedad respecto de los partidos políticos, pero en este caso mantienen todavía un 54,3 por ciento de desconfianza.

Los responsables del Observatorio de la Deuda Social, que dirige Agustín Salvia, subrayan al comienzo del informe de 300 páginas que “la dinámica demostró que el crecimiento económico no genera por sí sólo condiciones de progreso social para todos, ya que estuvo acompañado de un aumento en la exclusión y la inequidad social”. Desde la Universidad Católica Argentina se aboga respecto de que “una mayor equidad implica poner frenos y equilibrios a los abusos del poder económico y político que cometen las elites”, y se advierte como “preocupante la naturalización de la inequidad en todos los planos, lo cual tiende a alejar del campo político-ciudadano la lucha por la igualdad de oportunidades, para trasladar el conflicto social al espacio de la subsistencia”.