“Si no se convoca a una audiencia pública, vamos a recurrir a la Justicia para que se cumpla con la ley”, aseguró el titular del Ente Regulador de la ciudad, Carlos Campolongo, en relación con el anunciado cambio tarifario en los peajes de las autopistas porteñas. Hace dos días, a instancias del ahora candidato a vicejefe de gobierno, Enrique Olivera, el jefe de Gobierno Jorge Telerman añadió a su propuesta de aumentar la tarifa a los automovilistas que viajen hacia el centro en horas pico, la de eximir de pagar a quienes viajen con el auto completo, con cuatro ocupantes.

Hace dos semanas, el Ente aprobó por unanimidad una resolución en la que le pide al Ejecutivo que “en caso de resolver una modificación tarifaria, convoque a una audiencia pública, tal como lo establece la Constitución de la ciudad y las leyes 6 y 210”. Pero el Ejecutivo no respondió a ese reclamo y siguió adelante con una nueva propuesta. El ministro de Planeamiento y Obras Públicas, Juan Pablo Schiavi, había dicho que enviaría documentación al Ente con argumentos que respaldan su posición, de que no es necesaria la convocatoria a una audiencia pública. Pero hasta ayer, esa documentación no había llegado al organismo de control.

El gobierno argumenta que un decreto autoriza a la empresa AUSA a duplicar las tarifas del peaje en determinadas bandas horarias, para el caso del tránsito pesado. “Pero un decreto no puede estar por encima de una ley y mucho menos de la Constitución”, argumentó Campolongo, en diálogo con Página/12. Según el titular del Ente, “la ley exige que ante cualquier modificación de un cuadro tarifario debe llamarse a audiencia pública, y así lo ha interpretado la Justicia en casos de aumentos de la tarifa de taxis y de la licitación del estacionamiento medido”, casos en los que jueces porteños hicieron lugar a presentaciones del organismo regulador. De todas formas, el resultado de la audiencia no es vinculante.

La medida, según se anunció, se pondría en práctica el 2 de mayo. Para ello, debería sancionarse un decreto. Una eventual audiencia postergaría todo ya que debería ser convocada con 30 días de anticipación.