Todo indica que la Argentina tomará un nuevo rumbo para enfrentar el problema de las drogas ilegales. A partir de las declaraciones que el ministro del Interior, Aníbal Fernández, formuló a este diario, Página/12 consultó a tres de los miembros del comité científico que analiza reformas en la legislación y en las políticas de combate al narcotráfico: avalan la idea de despenalizar la tenencia para consumo, reprimida hoy con la cárcel por la ley 23.737. Tanto los expertos de reconocida trayectoria como la ONG Intercambios, que propone la reducción de daños como alternativa para abordar el tema, coinciden en avalar el discurso del ministro sobre la necesidad de que no se persiga a los consumidores y advierten sobre que ése es apenas un aspecto de las reformas por venir. Los especialistas marcan los ejes de la nueva política criminal del Gobierno. Diana Rossi, de la ONG Intercambios, advierte: “No necesariamente dejar de perseguir a los consumidores significa combatir las redes del narcotráfico. Se necesita una política muy profunda que supone compromisos con sectores políticos y económicos poderosos en el mundo para enfrentar el lavado de dinero, por ejemplo”.

El juez federal Roberto Falcone, uno de los primeros convocados a formar parte del flamante Comité Científico Asesor en materia de Represión del narcotráfico, celebró los anuncios de Fernández. “En primer lugar, por fin alguien lo dijo, estoy completamente de acuerdo”, sostuvo antes de explicar con detalle los anuncios oficiales. “Lo del ministro debe ser entendido en el sentido de no perseguir al consumidor en los ámbitos privados, esto es en conductas que no tienen trascendencia a terceros y que no importan una situación que impulsa al consumo colectivo de la droga o un peligro de difusión del vicio”, explicó. Esto indicaría que la “orden de no perseguir perejiles” no significa que la policía debería permitir por ejemplo que alguien fume marihuana en la calle. “Lo que dice es que la política de Estado va a ser perseguir el tráfico y no el consumo”, aclara Falcone.

“Realmente no me esperaba un discurso así en un ministro –dijo el sociólogo Alberto Calabrese, director de la maestría de Uso Indebido de Drogas de la UBA y miembro del Comité Científico–. Estamos de acuerdo con que hay cosas que deben ser dichas de una vez. Vamos a producir los documentos y las opiniones y vamos a expresarlo ante los medios o de la forma que se nos pida para respaldar esta toma de postura. Casi todos tenemos una trayectoria conocida y opiniones extendidas sobre el tema. Seguramente habrá recomendaciones en ese sentido, separar la paja del trigo.” Calabrese apunta a una visión del tema en la que las drogas son sobre todo mercancía cuyo consumo no sólo implica el uso de las mismas para lograr determinados estados, sino también “un valor de pertenencia a una sociedad”. “Cuando se hace un decomiso se dice cuánto costaría esa droga en la calle y no cuántas dosis menos se consumirán. Se ha difundido más el uso, y por lo tanto se hace más visible. Llega un punto en que el mismo sistema de represión se relaja. Las leyes tienen puntos de inflexión. En un país rebelde como éste, una norma puede caer por carencia de valor real”, opinó.

El Comité, que es coordinado por la fiscal Mónica Cuñarro, ex titular de la Ufidro, tuvo una primera reunión con el ministro del Interior en la que se expusieron algunas de las posibles reformas. “Una de las líneas trabajada es cuáles serían las posibles reformas que desde el punto de vista legislativo se deberían realizar”, admitió ante Página/12 la jueza del Tribunal Oral en lo Criminal 26, Patricia Llerena. Para la penalista, que fue asesora para el Programa Mundial de Naciones Unidas contra el Blanqueo de Dinero, el cambio propuesto por el Gobierno se trata de “no considerar más al que tiene estupefacientes para consumo personal como un sujeto que puede ser sometido al sistema penal, sino que, en el marco de políticas criminales y de salud, desde un punto de vista sociológico, establecer otros criterios de prevención, reales, para ayudar a estas personas a superar su enfermedad”.

Como experta en los flujos ilegales que genera el muy rentable negocio transnacional del narcotráfico, Llerena sostiene que una de las ideas del Comite Asesor es “ver cómo se ejecutó la legislación al apuntar al delito complejo”. “Desde ese punto de vista, una de las cosas que se advierten es que no ha sido efectiva la aplicación de la ley en las investigaciones, sobre todo en las redes de financiación de estos delitos.” El juez Falcone piensa en la misma línea: “Es necesario enfrentar y combatir por ejemplo las redes que posibilitan el lavado de dinero”, dijo. “Hay que poner la política criminal en la dirección correcta y orientarla en la persecución del tráfico ilícito. Para eso, el consumidor, que es la víctima del pingüe negocio, no debe ser estigmatizado ni ingresado en el sistema de justicia penal”, lanzó.

–Concretamente, ¿qué tipo de cambios impulsarán? –se le preguntó a Falcone.

–Hay que hacer muchas modificaciones. Lo que ocurre es que no resulta prudente adelantar mi opinión. Debe discutirse en el Comité, pero por lo menos hay que plantearse lo siguiente: en principio tiene que haber una distinción entre drogas duras y blandas, porque el daño que ocasionan son diferentes. El deterioro que ocasiona en la salud psíquica no es lo mismo en la cocaína que en la marihuana, y se reprime con la misma cantidad de pena. Luego, teniendo en cuenta que el derecho penal está siendo utilizado para resolver problemas sociales al encerrar a un ser humano enfermo en la cárcel, me parece que los jueces tienen que tener mayores facultades en la dosificación de la pena. Hoy, todas las conductas tienen un mínimo de cuatro años de prisión.

Diana Rossi, coordinadora de Investigación de la Asociación Intercambios, consideró que “es necesario pensar qué pasa con la situación de los consumidores que siguen vinculados al sistema penal en este tránsito hacia una despenalización”.

–¿Para Intercambios este cambio estaba en el horizonte de lo posible?

–Este es un debate muy demorado. Estaba en nuestro horizonte político como institución no gubernamental, y estamos bien impresionados porque esto se pueda discutir hoy. Al comité científico han sido convocadas personas sumamente prestigiosas y reconocidas por su trayectoria académica. La expectativa es que se pase de documentar la situación, de la autocrítica, a un cambio efectivo.