Los seguimientos de los militares a los militantes sociales y políticos. Los secuestros y desapariciones. La resistencia a la dictadura. Las denuncias en democracia: la historia del terrorismo de Estado en Argentina se pueden narrar a través de 29 archivos de organismos de derechos humanos y del Estado que ayer fueron declarados “Memoria del Mundo”. Este reconocimiento, otorgado por la Unesco, equivale a estatus de patrimonio de la humanidad.

El anuncio fue realizado ayer por la Secretaría de Derechos Humanos, que informó que el director general de la Unesco, Koichiro Matsuura, aprobó la inscripción del Patrimonio Documental sobre Derechos Humanos de la Argentina relativo al período 1976-1983 al registro de Memoria del Mundo. Para que el organismo internacional acepte incluir en esta categoría a un archivo se debe demostrar su autenticidad, importancia, singularidad e imposibilidad de ser reemplazado mundialmente.

“Es una distinción a la lucha de los organismos de derechos humanos y a la responsabilidad y compromiso del Estado por la defensa de la memoria. Por otra parte, implica valorar el patrimonio documental en un país en que eso no es lo más habitual. Ahora hay que hacer hincapié en facilitar el acceso y en la preservación de estos documentos”, señaló a Página/12 Graciela Karababikian, coordinadora del área de patrimonio documental de Memoria Abierta, una organización de la que forman parte la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora y Servicio Paz y Justicia.

El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, coincidió en que la incorporación de este material al programa de la Unesco implica “el reconocimiento por las políticas de preservación de la memoria” y recordó que es la segunda vez que documentación argentina se suma a este registro internacional. En 1996 fue incluido allí el archivo del Virreinato del Río de la Plata del Archivo General de la Nación.

El programa Memoria del Mundo fue creado en 1992. “Se basa en el supuesto de que algunos elementos, colecciones o fondos de patrimonio documental forman parte del patrimonio mundial, a semejanza de los sitios de notable valor universal incluidos en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Se considera que su importancia trasciende los límites del tiempo y de las distintas culturas y que deben preservarse para las generaciones actuales y futuras y puestos de alguna forma a disposición de todos los pueblos del mundo”, explicó la Secretaría de Derechos Humanos en un comunicado.

Los registros que se presentaron ante el organismo internacional son de tres tipos:

- Los producidos por organismos de derechos humanos y los personales: Como los de la APDH, Serpaj, CELS, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Asociación Anahí o el de la Madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina de Alaye. También hay documentos que no fueron elaborados por esas organizaciones pero que ellas consiguieron o tienen en custodia. Por ejemplo, Memoria Abierta posee el archivo con el que el ex fiscal Luis Moreno Ocampo trabajó durante el Juicio a las Juntas. Entre estos documentos donados por el actual fiscal del Tribunal Penal Internacional hay informes de inteligencia de la policía y el Ejército, copias de legajos de juicios y sus sentencias y fotografías. “Boletín informativo para los obispos nro. 11/81”, es uno de los miles de papeles con los que Moreno Ocampo preparó la acusación contra los ex comandantes. Se trata de recomendaciones de las fuerzas de seguridad a la Iglesia “para proporcionar elementos de juicio para las conversaciones que de los contactos ordenados en la DECJE nro 506/77 mantengan las autoridades militares con los señores obispos”.

Los organismos de derechos humanos, a su vez, aportaron las denuncias que ellos mismos hicieron, comunicados de prensa y solicitadas con los que se puede rearmar la historia de la resistencia a la dictadura y la búsqueda de los desaparecidos. Además hay cartas, poemas y fotos de las víctimas así como dibujos de los nietos que fueron recuperados por las Abuelas de Plaza de Mayo. “La información pública y las cartas que llegan diariamente a la Asamblea para su información –y que ponemos a vuestra disposición– hablan de personas desaparecidas, de sometidos a torturas, de saqueos que se efectúan en domicilios allanados por las fuerzas que se presentan como fuerzas de seguridad”, dice, por ejemplo, un memorial de la APDH al dictador Jorge Rafael Videla el 7 de septiembre de 1978.

- Los elaborados por el aparato represivo del Estado y recuperados para su análisis histórico o como prueba judicial: el de la ex Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba), los archivos del Servicio de Inteligencia de Chubut; los archivos de inteligencia, de la policía y del Servicio Penitenciario de Santa Fe, el del Departamento de Inteligencia de Mendoza y las fotos y documentos del Museo de la Memoria de Rosario.

Entre estos papeles, los 410 mil legajos de la ex Dipba dan cuenta de más de cuarenta años de persecuciones políticas. La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires, que custodia este archivo, analizó cómo la Policía Bonaerense fue catalogando a través de los años a sus perseguidos como “delincuentes sociales, políticos o subversivos”.

- Los producidos por el Estado en democracia: el archivo de la Conadep, que contiene las denuncias de familiares de desaparecidos y sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que fueron la base para juzgar a los ex comandantes e investigar al resto de los represores. También se sumaron el archivo de la comisión bicameral investigadora de las violaciones de los derechos humanos de Tucumán y el fondo documental de pruebas que integran las denuncias hechas por la subsecretaria de Derechos Humanos bonaerense, Sara Derotier de Cobacho.

Los organismos de derechos humanos y el Estado hicieron la presentación conjunta ante la Unesco –anunciada por Página/12– a principios del año pasado con el objetivo de garantizar la preservación de estos documentos y la difusión de su contenido. En ese momento resaltaron que, si bien no existe un archivo que dé cuenta qué paso con cada uno de los desaparecidos, la información reunida en todos estos registros permite reconstruir los planes y metodología de la última dictadura, así como la resistencia y la búsqueda de verdad y justicia.