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Los policías acusados de participar en la explotación de una importante red de prostitución en Mar del Plata –nueve de los uniformados ya fueron detenidos y uno continúa prófugo–, se encargaban de “acompañar” a las chicas hasta el lugar de la cita con los ocasionales clientes, servicio de “protección” por el cual cobraban a las mujeres una retribución semanal de 100 pesos per cápita, además de recibir un porcentaje en la recaudación. De los cuatro civiles que lideraban la organización, tres hombres fueron detenidos junto con los nueve policías, mientras sigue sin aparecer una mujer, Pilar de las Mercedes Peralta Zamora, dueña del prostíbulo Penthouse Privado, ubicado en Salta al 1300 de Mar del Plata, uno de los locales involucrados. En otros dos reductos, La Posada y La Posadita, fueron encontradas, virtualmente privadas de su libertad, unas 20 mujeres, todas de nacionalidad paraguaya, que eran obligadas a prostituirse. Las novedades surgieron en una causa por la desaparición de tres prostitutas que se cree fueron asesinadas y en la que está acusado de “encubrimiento” el fiscal federal Marcelo Héctor García Berro.
El escándalo salpica al fiscal García Berro, a quien el juez federal Pedro Hooft señaló por concurrir personalmente a la zona roja o llamar a los prostíbulos para obtener “favores sexuales” y lo acusó de haber omitido denunciar actividades ilegales, como era su obligación. Hooft quiere indagar a García Berro, quien podría hacerlo en forma espontánea -ya declaró dos veces– o en caso contrario esperar hasta que lo decida un jury de enjuiciamiento.
El juez Hooft envió copias de su fallo a la Corte Suprema Nacional, a la Procuración General y al Consejo de la Magistratura, para cumplir los requisitos que podrían terminar con la carrera del fiscal García Berro.
En noviembre del año pasado Hooft tomó a su cargo las causas por las desapariciones de las prostitutas Ana María Nores, Verónica Andrea Chávez y Silvana Paola Caraballo. Estos casos, en su momento, fueron adjudicados genéricamente al supuesto “loco de la ruta”, autor imaginario de una serie de crímenes de mujeres, la mayoría de ellas dedicadas a la prostitución.
Las escuchas telefónicas determinaron que García Berro, además de frecuentar la zona roja de Mar del Plata en un vehículo con chapa oficial, hacía llamados frecuentes a distintos prostíbulos de la ciudad, especialmente al ya citado Penthouse Privado que regenteaba Peralta Zamora. En la parte de la resolución judicial que se refiere al fiscal, el juez Hooft sostuvo que está “semiplenamente acreditado” que García Berro “hacía pública ostentación de su condición de fiscal, trasladándose permanentemente por la zona roja de prostitución con su vehículo con patente oficial judicial, que le es asignada en razón de su cargo”. Del mismo modo “utilizaba en forma asidua líneas telefónicas asignadas al Poder Judicial de la Nación (Fiscalía Federal, Tribunal Oral Federal) y desde teléfonos particulares (celulares y fijos) mantuvo comunicaciones frecuentes con distintos prostíbulos de la ciudad”.
El magistrado consideró que también hay semiplena prueba de que el fiscal mantuvo diálogos telefónicos “con personas vinculadas con la prostitución organizada, cuyas actividades constitutivas de delitos de acción pública cubría o tapaba, omitiendo formular la denuncia a la que se hallaba legalmente obligado”. Hooft estimó que los elementos de prueba reunidos “permiten inferir una conexión importante que va más allá de la eventual utilización de servicios sexuales ajenos al objeto de la presente causa, pero al menos prima facie demostrativa (...) de una omisión dolosa a los mencionados deberes inherentes a su función o cargo”.
Hooft dio por sentado que el fiscal “necesariamente tomó conocimiento personal y directo, siempre prima facie, respecto de los eventuales autores de delitos investigados” en la causa. Esos delitos van desde la trata de blancas hasta el tráfico de drogas, además de las sospechas por una treintena de homicidios ocurridos en los últimos cinco años, entre ellos los de las tres mujeres cuya desaparición se investiga. Si bien nohay pruebas que indiquen que los miembros de la organización hayan sido los autores de los homicidios, es evidente que ellos utilizaron el terror existente entre las prostitutas marplatenses para montar el “servicio de protección” que brindaban los diez policías.
Entre los policías detenidos figuran los subcomisarios Norberto Pastor y Daniel Iglesias; el suboficial mayor Armando Aranda; los sargentos ayudantes Miguel Valledor y Linés Ayala; el sargento Oscar Lizarraga y los suboficiales Daniel Soria y Alberto Iturburu. Los dos restantes son Fermín Santandreu y Roberto Shiarkey, uno de los cuales seguía prófugo. El uniformado que seguía sin aparecer había pedido, dos días antes, una licencia por “razones familiares”, pero hasta anoche no había sido encontrado en su domicilio.
Una fuente de la Procuración bonaerense, que colaboró con Hooft en la investigación, dijo a Página/12 que ahora se investiga cómo llegaron al país las veinte mujeres que estaban virtualmente cautivas en los prostíbulos conocidos como La Posada y La Posadita. “Migraciones está tratando de determinar cómo ingresaron al país, aunque se presume que las mujeres carecen de documentación”, señaló la fuente consultada por este diario. Los miembros de la organización delictiva le sacaban los documentos a todas las mujeres, incluyendo las de nacionalidad argentina, como una forma de tenerlas a su merced. Los policías están acusados por “asociación ilícita” y en algunos casos por “extorsión”. Se presume que la única mujer involucrada habría salido del país y se encontraría ahora en Miami, motivo por el cual se pidió su captura internacional.