Entre pujo y pujo, y con lágrimas en los ojos, E. V. B. pidió una vez más en la sala de partos que le ligaran las trompas de Falopio. Fue casi una súplica. A los 33 años, estaba a punto de parir su octavo hijo. Y no quiere tener más. Pero la respuesta, la misma que ya había escuchado de otras bocas en el mismo hospital, el Domingo Mercante de José C. Paz, fue terminante: “No”. A pesar de que está vigente hace diez meses, la ley nacional de anticoncepción quirúrgica todavía no se aplica en numerosos hospitales del territorio bonaerense, tanto provinciales como municipales, por la negativa de los médicos a acatarla ante el temor –sostienen– de que no los cubra legalmente frente a un juicio de mala praxis. “Para nosotros no tiene validez”, dijo a Página/12 el director del Mercante, Blas Pugliese. Así, las mujeres que quieren esta opción anticonceptiva deben peregrinar en busca de un servicio de obstetricia que cumpla con la Ley 26.130. O intentar a través de un recurso de amparo que la Justicia ordene la operación, como hizo E. V. B, con el patrocinio legal de una ONG, aunque aún no obtuvo respuesta favorable.

En el Ministerio de Salud bonaerense reconocen el problema. “Los médicos están un poco reticentes a cumplir con la ley de anticoncepción quirúrgica”, admitió a Página/12 la coordinadora del Programa provincial de salud sexual y reproductiva, Marcela Calcopietro. La funcionaria no pudo enumerar más que tres hospitales de la provincia donde sí se está cumpliendo con la Ley 26.130, que entró en vigencia en todo el país en septiembre: el Evita, de San Martín; el Ana Goitía, de Avellaneda, y el de Guernica. “Los médicos reclaman una normativa del ministerio provincial por temor a una persecución judicial, aunque esa reglamentación no es necesaria”, señaló Calcopietro.

Ante esta situación, la provincia está elaborando una resolución, que incluye un modelo de consentimiento informado tanto para la ligadura tubaria como para la vasectomía, que sería firmada en las próximas semanas por el ministro de Salud, Claudio Mate, y enviada a los hospitales provinciales y municipales, indicó Calcopietro.

Mientras tanto, una vez más se vulneran derechos sexuales y reproductivos de las mujeres como en el caso de E.V.B. “No quiero tener más hijos y cada vez que fui al Hospital Mercante a pedir que me ligaran las trompas me han dicho que ahí no lo hacen. El 19 de junio, en el parto de mi hijo menor, se lo volví a pedir a la obstetra que me atendió y también me dijo que no”, contó a Página/12.

E. V. B. vive en José C. Paz, a pocas cuadras del Mercante, en una casilla precaria con sus ocho hijos –el mayor tiene 15 años– y su madre. Trabaja en una cooperativa de viviendas como peón de albañil: prepara la mezcla, levanta baldes y acarrea ladrillos. Tiene, además, un plan Jefa de Hogar. En total, junta unos 500 pesos por mes. En su peregrinar para efectivizar su derecho a acceder a una ligadura de trompas, llegó al Centro de Estudios Sociales y Políticos para el Desarrollo Humano (Cesppedh), una ONG e San Miguel que se ocupa de la defensa de los derechos de las mujeres. Hacia allí la derivó una asistente social de la municipalidad de José C. Paz. “Desde que entró en vigencia la ley que legalizó la anticoncepción quirúrgica, hemos recibido 16 mujeres de San Miguel y partidos vecinos como José C. Paz, Hurlingham, Malvinas Argentinas y Moreno, que vienen con el mismo problema: o les negaban la ligadura en el Mercante o en el Hospital Larcade, que dependen del municipio de San Miguel”, precisó a este diario Margarita Nicoliche, presidenta de Cesppedh.

Algunos de los casos los derivaron al Hospital Alvarez, de la ciudad de Buenos Aires, donde la operación se practica sin reticencias. “Hay mujeres que se han ido con contracciones en colectivo, con un viaje de más de dos horas, para hacerse la ligadura en el Alvarez”, señaló Nicoliche.

Pero E.V.B no quiere trasladarse hasta el barrio porteño de Flores, cuando tiene un hospital a pocas cuadras de su casa. Con el asesoramiento legal del abogado Lucas Díaz, de Cesppedh, promovió el 28 de junio un recurso de amparo para que la provincia le ordene al Mercante cumplir con la ley y acceda a practicarle la ligadura tubaria, sin más exigencia que su consentimiento informado, como dice la norma. La jueza Civil y Comercial Nº 11 de San Martín, María Cristina Perrone, que tiene el caso, todavía no se pronunció.

En algunos hospitales se desconoce a tal punto el texto de la ley que se pretende exigir a la mujer la autorización “del cónyuge” y además, una “autorización judicial”. Así lo recomendó el director de Asuntos Legales del municipio de San Miguel, Ernesto Tuffanelli, cuando le plantearon el tema desde el Hospital comunal Larcade, tal como pudo corroborar este diario en un dictamen firmado por el funcionario el 29 de mayo. Además, Tuffanelli señala que la realización de la operación queda a criterio del “médico interviniente” y “bajo su exclusiva responsabilidad”, en lugar de ser una obligación de la institución. En diálogo con Página/12, la directora asociada del Larcade, la médica tocoginecóloga Adriana Ponce, dijo que los médicos esperan un “respaldo legal del municipio” para hacer ligaduras tubarias. “Si después tenemos una demanda por mala praxis porque la mujer se arrepintió y el municipio dice que no avala la ligadura, el médico queda desprotegido”, argumentó Ponce. Mientras tanto, no practican la operación.

Para el director del Mercante, la Ley 26.130 directamente “no tiene validez”. “Para nosotros no está vigente. El abogado del hospital interpreta que no se ha reglamentado aún”. Pero la ley no requiere una reglamentación especial, ni siquiera, que las provincias aprueben legislativamente su adhesión como en otros casos (ver aparte).

Unas semanas atrás, el mismo ministro de Salud bonaerense tuvo que intervenir –a pedido del secretario de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud de la Nación– para que se le hiciera la ligadura tubaria a A. C., una mujer a quien en el hospital municipal de San Isidro se la habían negado en febrero. A la mujer, madre de cuatro hijos, le dijeron verbalmente que no se la realizarían porque es una práctica “mutilante” y porque implicaría serio riesgo para su vida si se practicaba junto con la cesárea, habiendo tenido dos niños por vía vaginal. Le dijeron que debía esperar 40 días o más después del parto, cuando esa espera no es necesaria médicamente. La paciente recibió el acompañamiento de la Fundación Estudios e Investigación de la Mujer (FEIM), que dirige Mabel Bianco. Finalmente, fue operada en el hospital provincial de San Fernando.

Como en el caso de E. V. B., ningún médico dejó constancia de la negativa por escrito. “El avasallamiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es tal que hasta les impiden que quede constancia en la historia clínica de sus pedidos”, observó el abogado de Cesppedh. “Los médicos no conocen la ley. En pocos hospitales están cumpliendo con la norma”, confirmó Bianco.