La Ley 26.130 de anticoncepción quirúrgica se sancionó en el Congreso a fines de agosto y entró en vigencia en los primeros días de septiembre. Quiso poner fin a una clara discriminación que sufrían las mujeres más pobres que no podían acceder a esa intervención en el sector público aun cuando había una indicación médica mediante, mientras que las mujeres que tenían más recursos económicos no encontraban resistencias en un consultorio privado.

“Desde su entrada en vigencia, la norma legal determina que todas las personas capaces y mayores de 21 años tienen derecho a acceder a estas prácticas de anticoncepción quirúrgica, previo consentimiento informado. La ley no establece ningún otro requisito adicional. Y no requiere de la adhesión provincial para que tenga validez”, explicó a Página/12 Valeria Isla, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. El Ministerio de Salud de la Nación hizo un dictamen legal en ese sentido, que fue enviado en las últimas semanas al ministro Mate.

“Las provincias –agregó Isla– tienen la obligación de garantizar el acceso a la anticoncepción quirúrgica en los términos establecidos por la ley nacional.”