Sábado, 4 de agosto de 2007 | Hoy
SOCIEDAD › ELENA HIGHTON EXPLICA EL PLAN PILOTO CONTRA EL MALTRATO FAMILIAR
La Corte Suprema pondrá en marcha una oficina que funcionará en forma permanente para informar y orientar a víctimas de la violencia doméstica. La jueza Highton explica sus detalles.
Por Mariana Carbajal
Antes de fin de año, la Corte Suprema pondrá en marcha una experiencia piloto para abordar la problemática de la violencia doméstica. En Lavalle 1250 abrirá una oficina que atenderá las 24 horas, los 365 días del año, para brindar información y orientación a víctimas de maltratos y golpizas sobre los cursos de acción posible. Se les realizarán chequeos médicos para verificar lesiones y, si la persona –mayormente son mujeres– acepta, quedará un registro de audio y video de su testimonio para que no lo tenga que repetir en otras instancias judiciales, si el caso deriva en una denuncia en los tribunales porteños. “Queremos terminar con ese deambular de muchas mujeres que empiezan con una denuncia en el fuero civil por violencia familiar, siguen en un juzgado correccional con una causa por amenazas y lesiones y, como no se logran constatar, el expediente se archiva. Y termina luego en un tribunal oral en un juicio por homicidio”, señaló la ministra del máximo tribunal Elena Highton de Nolasco, encargada del proyecto. Como la lucha contra la violencia hacia las mujeres “políticamente no paga, no conviene o está tapada bajo la alfombra, nadie se ocupa ni pone los fondos que tiene que poner”, cuestionó y consideró que debería ser una política de Estado. En un reportaje con Página/12 explicó los alcances de la iniciativa.
La apertura de la Oficina de Violencia Doméstica se la encomendó el ex presidente de la Corte Enrique Petracchi, a los pocos días de jurar como ministra, tres años atrás. El proyecto viene demorado. En las próximas semanas comenzará el proceso de selección de los especialistas que integrarán los equipos –médicos, abogados, psicólogos, asistentes sociales–, para lo cual se conformará una especie de jurado con un juez civil, uno penal y representantes de las carreras de Psicología, Medicina y Trabajo Social de la UBA.
–¿Cuáles van a ser las funciones de la Oficina?
–Se atenderá las 24 horas, los 365 días del año, porque sabemos que la violencia no ocurre de 7.30 a 13.30. Se podrá ir a preguntar, a denunciar. Se va a atender a la persona profesionalmente con un psicólogo y un abogado. Si tiene lesiones las va a constatar el médico. Un abogado tomará actas, con el consentimiento informado de la víctima, para que no tenga que repetir su relato en otras instancias. Se evaluará el caso, se le harán recomendaciones y la persona tomará las decisiones que le parece que tiene que tomar, conociendo sus derechos. La Oficina también hará el informe de riesgo que exige la Ley de Violencia que el juez debe tener en 48 horas para poder tomar una medida cautelar y que hoy está demorando entre tres y cuatro meses, porque el Cuerpo Médico Forense y el Ministerio de Justicia que son los encargados de hacerlo no dan abasto. Los jueces van a tener el informe de riesgo en forma inmediata. Será un servicio para los jueces. Los casos que no sean judicializables serán derivados a donde corresponda, porque lo cierto es que la violencia doméstica en realidad no es un tema judicial siempre. A veces no se necesita una medida judicial sino curaciones en un hospital, o un mínimo tratamiento psicológico. Si las personas deciden separarse, solamente necesitarán una medida judicial cuando haya un acoso permanente del violento contra el no violento, que quiere volver a la casa o seguir el ciclo de violencia. Un juicio se necesita cuando un juez debe ordenar una medida de protección o eventualmente ante un delito. Pero la violencia ocurre en muchos niveles que no necesitan un juez para resolverse.
–Es difícil que los casos de violencia se puedan resolver amigablemente y tampoco se recomienda la mediación.
–No, la violencia como tal no se media. Pero eventualmente (si se puede mediar), por ejemplo, si deciden que se separan, y hay algún bien para repartir, o si tienen hijos.
–El relato que usted hace es el ideal, pero no es lo más común que se separen en buenos términos habiendo violencia de por medio.
–Separarse bien no quiere decir separarse amigos con un besito.
–Cuando las mujeres recurren a la Justicia es cuando ya hay golpes de por medio y generalmente demoran varios años en hacerlo por la misma relación de sometimiento.
–El problema es que el mundo de la realidad es mucho más amplio que las opciones que hay en tribunales.
–Los patrocinios legales gratuitos están desbordados y muchas veces el problema de acceso a la justicia de las mujeres es la falta de un abogado porque no tienen recursos para pagarlo. ¿La Corte va a reforzar esos servicios?
–Tenemos un presupuesto pero es para las 72 personas que van a estar en la Oficina: una pequeña parte de administrativos y el resto de profesionales que van a conformar los distintos equipos interdisciplinarios. Si todo funcionara bien, la Corte no estaría abriendo esta Oficina, pero lo hace porque es una necesidad para los jueces y también para la población. El Poder Judicial no asesora ni patrocina. Los patrocinios, como son gratuitos, los pagan la UBA, el Colegio Público de Abogados o la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hay que hacer es armar las redes adecuadas.
–Pero no dan abasto...
–No dan abasto y cuanta más gente aparezca menos van a dar abasto. Pero los que tienen que reforzar esos servicios son los que lo dan. El Poder Judicial no puede hacer todo. Esto es un reparto. Nosotros estamos asumiendo algunas de las cosas. Entendemos que éste es el siglo para acceso a justicia, pero de este problema, que da la impresión de que políticamente no paga, no conviene o está tapado bajo la alfombra, nadie se ocupa ni pone los fondos que tiene que poner. Creemos que con esta iniciativa de la Corte van a quedar en evidencia otras falencias y se van a tener que reforzar los presupuestos donde haga falta.
–¿Por qué cree que la violencia doméstica no se toma como un problema de Estado cuando afecta a gran parte de la población, básicamente femenina?
–Parece que reconocer los problemas cuesta. Enfrentar esta problemática no compete sólo al Poder Judicial sino a todos los poderes. Poniéndonos a la cabeza de esto creo que va a haber una conciencia clara del problema y se va a tomar como política de Estado, tiene que tomarse así.
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