La resolución que en 1999 dispuso el arancelamiento del servicio de información telefónica 110 fue declarada ilegítima por un fallo de primera instancia referido a dos demandas, que sienta un precedente para el resto de los usuarios. La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento declaró la ilegitimidad de la resolución 2926 de la Secretaría de Comunicaciones, que en 1999 autorizó a las empresas concesionarias a cobrar el servicio de información telefónica. La prestación había sido gratuita hasta 1995, cuando se privatizó la red de telefonía.