La Justicia entrerriana parece empecinada en impedir que la adolescente MFC, que sufre una discapacidad mental severa y fue violada, pueda acceder a un aborto no punible, un derecho contemplado en el Código Penal. En una medida insólita, la jueza de Menores de Paraná Claudia Salomón le asignó la guarda provisoria del feto en gestación al Consejo Provincial del Menor y le ordenó que acompañe a la joven y al “por nacer” en “acciones positivas”. La resolución fue dictada a partir de un pedido de la defensora oficial del “no nacido”, Marcela Piterson, para quien la muchachita de 19 años, que apenas balbucea y tiene dificultades para controlar esfínteres, no es más que una incubadora. “Ella cree que va a tener un hermanito. ¿Por qué la vamos a privar de tener ese bebé? Si no sufre. Y además, al bebé lo pueden criar entre sus hermanas y hermanos”, consideró Piterson ante Página/12. Mientras tanto, la Iglesia Católica puso en marcha sus mecanismos de seducción para que la mamá de la adolescente desista del aborto: en los últimos días un cura fue hasta la humilde casa de la familia, en el barrio Humito, para ofrecerle comida y tratar de convencerla de que dé en adopción a la criatura. “Yo no vendo a mi hija por mercadería. Yo recorrí cielo y tierra porque quiero justicia”, le espetó la madre, Marta Gauna, y le devolvió los comestibles. Ayer, organizaciones de todo el país de mujeres, de derechos humanos y académicas respaldaron al reclamo del aborto y exigieron que la Justicia levante la prohibición de practicarlo que rige para todos los hospitales públicos y clínicas privadas de Entre Ríos, bajo advertencia de iniciarle jury a los funcionarios judiciales que están obstaculizando la práctica médica. “Por cada hora que la Justicia demora en resolver un error, en el que ha incurrido, se expone a la joven a un mayor riesgo de vida”, señalaron en una conferencia de prensa convocada en la Cámara de Diputados provincial (ver aparte).

Hace semanas que MCF no se ríe. “Anda con la cabeza para abajo”, cuenta su mamá, de 42 años. Y así se la veía ayer por los pasillos del Hospital San Roque, con la mirada clavada en el piso. Afuera, el cielo diáfano auguraba un día primaveral. La muchachita habla con monosílabos que cuesta entender a quienes no la tratan habitualmente. Se la ve nerviosa: no deja de comerse las uñas. “Ya ni quiere escuchar música y bailar, que es lo que más le gusta”, dice Marta, con tristeza. MCF es la cuarta de sus once hijos. Sospechan que abusó de ella un familiar cercano, que vive enfrente de su casa, en el humilde barrio Humito, en las afueras de la ciudad.

Ayer MCF y su mamá amanecieron en Hospital Materno Infantil San Roque, de la ciudad de Paraná. La jovencita quedó internada el lunes en una sala de “Alto Riesgo” del servicio de Obstetricia, donde pasó la noche con otras siete embarazadas, de panzas prominentes y cuadros diversos, muy distintos al suyo. El Consejo Provincial del Menor, que tiene la guarda provisoria de MCF y del “por nacer”, dispuso que le realicen una serie de estudios médicos. Ayer le hicieron dos ecografías que establecieron que la edad gestacional del embarazo es de entre 16 semanas y media y 17, confirmó a Página/12 la presidenta del Consejo del Menor, Dora Jávega.

“Quiero que se vaya de acá con el aborto hecho porque a ella la abusaron. Mi hija no lo buscó. El que le hizo esto es un degenerado”, decía Marta. Hoy se cumplen tres semanas desde que el 15 de agosto pidió en ese mismo hospital la interrupción del embarazo, no punible según el artículo 86 inciso 2º del Código Penal para casos como el de MCF, es decir, cuando la gestación “proviene de una violación o un atentado al pudor a una mujer idiota o demente”. El mismo planteo lo repitió ese día, cuando denunció el abuso sexual que sufrió su hija ante la fiscal Nº 2 de Paraná, Cecilia Bértora, porque el jefe de Obstetricia Hugo Armando Catti le exigió la denuncia para practicarle el aborto a su hija. Pero el día que tenía el turno asignado para la intervención, el 27 de agosto, llegó la orden de la jueza Salomón que prohibió el aborto no sólo en el San Roque sino en todo el territorio provincial: en su resolución la magistrada ordenó notificar a la Asociación de Clínicas y Sanatorios y al Círculo Médico de Paraná para que todos los “nosocomios privados” sean informados de la medida que impide interrumpir el embarazo de MCF.

Resulta llamativo que entre el jueves y el viernes anterior a que llegue el oficio al hospital con la notificación de la resolución judicial, la defensora Piterson se comunicara personalmente con Catti para advertirle que la prohibición era inminente, según informó el propio jefe de Obstetricia a Página/12. “La doctora Piterson me llama y me avisa que me va a llegar el oficio”, reveló el médico. Mañana es probable que el Comité de Bioética del San Roque analice el caso: entre sus integrantes hay un cura. Pero Catti dijo que “cada día que pasa se torna más improbable el aborto”.

De todas formas, vale recordar que a LMR, la joven de Guernica, en la provincia de Buenos Aires, con una historia muy similar a la de MCF –que obtuvo la venia de la Corte bonaerense para abortar poco más de un año atrás–, la intervención se la hicieron en la semana 22 aproximadamente, luego de enfrentar una batalla legal parecida a la que hoy le toca a la joven entrerriana. Y el aborto terapéutico que autorizó en 2005 el máximo tribunal bonaerense a una mujer con una cardiopatía severa se realizó en un hospital de Lanús, en la semana 23.

La prohibición del aborto a MFC y la decisión de asignarle su guarda provisoria y la del feto al Consejo Provincial del Menor fueron apeladas el viernes por el defensor asignado a Marta, Pablo Barbirotto. Parece la apelación más lenta de la historia jurídica. Hasta anoche no lo habían notificado a Barbirotto de que hubiese llegado efectivamente el expediente a la Cámara de Apelaciones en lo Civil. “Te están durmiendo al nene, como dicen los paisanos en el baile”, le advirtió a Barbirotto delante de esta cronista su jefe, Arsenio Mendoza, defensor general ante el Superior Tribunal de Entre Ríos. “Si esta mujer (por la madre de MCF) tuviera 1000 pesos no estamos discutiendo este caso”, sinceró el debate Mendoza. Sin embargo, a pesar de la disposición que muestra Mendoza ante la prensa de garantizar que la adolescente acceda al derecho que le asiste de interrumpir ese embarazo producto de una violación, llama la atención que haya designado para un caso tan complejo y polémico a un defensor suplente con menos de un mes en el cargo: cuando tomó la representación de Gauna, Barbirotto recién había cumplido una semana como defensor oficial.

“Si el aborto se hace o no es una cuestión de la vida privada y una decisión de su madre que es la representante legal de la incapaz. Acá lo que se está discutiendo con la prohibición de interrumpir el embarazo, que es una práctica médica, es la violación del artículo 19 de la Constitución Nacional que resguarda las acciones privadas de las personas”, explicó los fundamentos de su apelación Barbirotto, quien a pesar de su corta experiencia ha mostrado compromiso con el drama que atraviesa MFC y su familia (ver aparte).

La historia clínica de MCF debería estar archivada en el mismo hospital San Roque. Allí, cuando tenía apenas tres meses de vida, la atendieron con un cuadro de insuficiencia respiratoria, que habría afectado su desarrollo neurológico, cuenta Marta. “Estuvo internada tres meses. No podía estar sin oxígeno, se quedaba negra, cianótica, se asfixiaba sola. Si hasta la tuvimos que llevar a Buenos Aires, al hospital Ricardo Gutiérrez”, recuerda la mujer en el pasillo del San Roque. Es bajita, de pelo corto, le faltan algunos dientes. La vida sufrida que ha llevado la tiene marcada en el rostro.

MCF caminó recién a los tres años. “A mi hija la crié sin la ayuda del Consejo del Menor, que no vengan ahora a querer hacerse cargo de ella, si nunca me dieron nada”, se enoja Marta. A su hija mayor la tuvo a los 16 años. Después tuvo una seguidilla de diez pibes, los últimos, una pareja de mellizos, una nena y un nene, que ahora tienen cinco años.

MCF y sus tres hermanos mayores son hijos del mismo padre, un hombre de quien Marta se separó al poco tiempo de nacer MCF y a quien no ve hace años, dice. A los demás chicos, Marta los tuvo con su actual pareja, Ricardo “Lito” Quiroga, con quien vive en una casa muy precaria en el barrio el Humito, a unos diez minutos en auto del centro de la ciudad.

Ayer, la defensora oficial Piterson sumó un nuevo elemento para trabar el aborto: en diálogo con Página/12 advirtió que si llegara la autorización judicial para practicar la interrupción del embarazo exigirá el consentimiento del padre de MFC para la intervención como progenitor de la jovencita discapacitada. Anoche, según pudo saber este diario, el hombre se presentó ante una citación del juzgado de menores. “El padre no había aparecido en 16 años ni se observa que tenga vínculo frecuente ni esporádico con la joven”, confirmó la presidenta del Consejo Provincial del Menor. “Ella cree que va a tener un hermanito. ¿Por qué la vamos a privar de tener ese bebé? Si no sufre. Y además, al bebé lo pueden criar entre sus hermanas y hermanos”, consideró Piterson.

Cuenta Marta que a MFC la mandó a una escuela especial municipal “hasta que se hizo señorita, por miedo a que alguien se abusara de ella”. El destino quiso que el abuso lo encontrara en su casa, según sospecha la mamá y quedó asentado en la denuncia. Marta contó que cuando se dieron cuenta de que MFC no había menstruado en la fecha prevista, el primer mes no le dieron importancia, al segundo empezó a preocuparse. “Yo no podía creer que estuviera embarazada, si siempre está en casa, y a lo sumo va a la de su hermana que vive en el terreno de al lado. Le empezamos a preguntar si alguien la había tocado y no decía nada”, recuerda. Al final, la chica, en su media lengua, habría acusado a un familiar. Con esa información, Marta hizo la denuncia. Hasta ahora no hay ningún detenido.