El juez federal Norberto Oyarbide sobreseyó al titular de la Fuerza Aérea, brigadier Normando Constantino, y a otros once jefes de la aviación militar, en la causa que se les había iniciado por las presuntas faltas cometidas al permitir el funcionamiento del sistema de control de tráfico aéreo, en Ezeiza, sin que se hubiera reparado el radar, dañado por efecto de un rayo. La denuncia había sido presentada por el ex piloto y director de cine Enrique Piñeyro, quien consideró que los imputados habían puesto “en grave peligro de colisión a un alto número de aviones y a miles de pasajeros desprevenidos”.

La denuncia por supuesto “atentado contra la seguridad de las aeronaves” fue presentada en marzo último. Involucraba, además de a Constantino, al comandante de Regiones Aéreas, brigadier José Antonio Alvarez; al director de Tránsito Aéreo, comodoro Fernando Robledo; al jefe de la Región Aérea Centro, comodoro Antonio Beatrice; al jefe del aeropuerto de Ezeiza, comodoro Luis Molina; al jefe de Sensores Radar, comodoro Horacio Ratti; al jefe de Operaciones de Ezeiza, vicecomodoro José Gil; al jefe del Aeroparque Jorge Newbery, comodoro Mario Marelli; al jefe de Operaciones de Aeroparque, comodoro Juan Manuel Alvarez; al jefe del Area Control Centro de Ezeiza, Osvaldo Novau, y al vocero de la Fuerza Aérea, mayor Alejandro Argañaraz.

Según la denuncia de Piñeyro, después del episodio del rayo, en el que resultó dañado el radar primario, el control de los vuelos siguió funcionando con un radar secundario, con el riesgo de que, ante una falla de este último, pudieran quedar varios vuelos en una misma altitud, bajo control manual, con riesgos para su seguridad.

Pero el juez Oyarbide, después de analizar las pruebas y tomar declaración a los testigos, llegó a la conclusión de que “no ha existido prueba alguna que permita atribuirle a ninguna de (las personas mencionadas) la comisión de una conducta ilícita”. El juez consideró que “si bien las fallas del radar existieron y que a raíz de ello se produjeron situaciones de conflicto dentro del espectro aeronáutico, no se pudo establecer que los incidentes investigados hayan sido producto de un obrar ilícito. Oyarbide llegó a la conclusión de que por el contrario, los funcionarios pusieron en marcha “todos los recursos disponibles para mantener los niveles de seguridad para el desarrollo de la actividad”. El magistrado sugirió además que los problemas planteados por “los conflictos gremiales y sectoriales merecen la adopción de medidas concretas y efectivas, por cuanto el factor humano es un elemento clave dentro de la seguridad aérea”.