“Después de Cromañón, en medidas de seguridad, en una escala de 0 a 10, estamos en 5”, dijo a Página/12 el defensor adjunto porteño Atilio Alimena. La conclusión es tremenda: tres años después, las 194 muertes no parecen haber cambiado nada. Las discotecas y boliches de la ciudad son una bomba de tiempo: ausencia de matafuegos, obstrucción de las puertas de salida, material inflamable y deficiencia en la ventilación, los bomberos no tienen los planos finales. Los datos (de por sí más que catastróficos porque los precede la peor tragedia vivida en la ciudad, el incendio de Cromañón) son parte de un reciente informe sobre irregularidades en discotecas entregado por los padres de las víctimas a los legisladores porteños y otros informes realizados por el defensor adjunto Atilio Alimena.

La investigación más reciente realizada por la Defensoría porteña fue organizada con los datos obtenidos en un listado de 212 grandes locales (shoppings, supermercados). Ese listado lo cruzó con informes del gobierno porteño y de allí saltaron cuestiones tan primarias y graves como que casi la mitad de los locales observados carece de planos finales de obra o, al menos, no están en manos de los Bomberos de la Federal, cuyo ok sobre las medidas de seguridad contra incendio es necesario para habilitar un boliche o un supermercado.

Las irregularidades en las discotecas fueron denunciadas ante la Legislatura porteña por los padres de las víctimas de Cromañón, en coincidencia con dos informes elaborados por la Defensoría del Pueblo, que revelan incumplimientos en las normas de seguridad de sitios de masiva concurrencia, incluidos boliches.

La investigación entregada en la Legislatura, y elaborada por el Instituto de Políticas de Seguridad Ciudadana, ocupa unas 600 páginas y de ellas se desprende que existen “cromañones potenciales y reales”, entre ellos los locales bailables. “Las discotecas representan un peligro potencial para los jóvenes”, y agrega que “muchas son directamente marginales y presentan gruesas fallas”.

De qué se está hablando: “Ausencia de matafuegos o su presencia con cargas vencidas, mangueras de incendio obstruidas, cables expuestos, material inflamable como cortinas, puertas de emergencias obstruidas con muebles o no se cuenta con los servicios completos de luz de emergencia ni ventilación”. Además, señala que la capacidad de personas permitida en los locales, según figura en las correspondientes habilitaciones, constituye “una regla que, por lo general, no se cumple”.

El informe incluye situaciones puntuales constatadas en algunas discotecas “Clase C”, categoría a la que pertenecía Cromañón. El 26 de octubre pasado, la Defensoría porteña instó al gobierno de la Ciudad, mediante la resolución 3331/07, a que tomara las medidas “necesarias para exigir y comprobar la aprobación final de las instalaciones contra incendio”. La resolución se refería a los grandes locales, supermercados y shoppings. Atilio Alimena, el defensor adjunto, ya había advertido al gobierno sobre la endeble situación de las medidas de seguridad. Uno de los informes, de mayo de 2004, o sea, siete meses antes de que ocurriera la peor tragedia prevenible en la historia de la ciudad, señalaba que sólo 36 de los 258 boliches porteños contaban con el correspondiente certificado de seguridad que se exige en forma obligatoria y es expedido por los Bomberos. Después se comprobó y se demostró en la reciente sentencia del Tribunal Oral 24, que la expedición de los certificados de seguridad contra incendios era un negocio que incluía coimas a funcionarios y bomberos.

La situación de riesgo no parece haber variado. “En una escala del 0 al 10 de cumplimiento de normas –señaló Alimena a este diario–, al momento de ocurrir el incendio de Cromañón estábamos en cumplimiento menos 10. Después de Cromañón se inició una etapa de toma de conciencia de funcionarios y empresarios. Pero ahora no pasamos de un 5. La realidad es que lo que se hizo hasta acá fue cumplir las normas para quedar bien y no tener problemas, pero no porque haya una conciencia clara.”

En la resolución 2678/06, exclusiva para locales bailables, la Defensoría demostró que no coincidían los registros de los planos con la realidad. “Creo que de los 80 locales bailables que funcionan hoy en la Ciudad, hay que poner el ojo en todos. Muchas veces, la actividad comercial y especulativa suplanta la responsabilidad que hay que tener en el tema.”

Según el relevamiento hecho por la Defensoría, existen “reiteradas desviaciones” de las condiciones de seguridad requeridas para boliches y discotecas, especialmente lo que se refiere a medios de egreso y evacuación ante emergencias. Un caso puntual hace referencia a un local de la zona de Flores, donde se detectó una “clara reducción en la circulación hacia los medios de egreso” generada por la existencia de barras de expendio de bebidas.