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Las organizaciones campesinas y las comunidades indígenas bautizaron a Salta como la “capital nacional del desmonte”. Y las estadísticas le dan la razón: en sólo cuatro años, entre 2002 y 2006, el sector privado arrasó 414.934 hectáreas, más del doble del registrado entre 1998-2002, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. En 2007, superó todas las expectativas: autorizó talar 435.399 hectáreas, según datos de la ONG Asociana en base a información oficial. Para no perder ese lugar en el ranking del desmonte, acaba de aprobar un ordenamiento territorial (muy cuestionado por los pueblos originarios), que autorizaría la deforestación de 1,6 millón de hectáreas.

“No se garantizó la participación de las comunidades, el desmonte continúa y se expulsan campesinos e indígenas”, resumió la Red agroforestal y advirtió la “poca capacidad institucional para regular, controlar y sancionar los desmontes que no cumplen, ni cumplieron, la normativa vigente”.

El 15 de diciembre la Legislatura provincial aprobó el ordenamiento territorial por ley, inmediatamente promulgada por el gobernador Juan Manuel Urtubey. Todas las organizaciones ambientales y comunidades indígenas lo rechazaron por inconsulto y por el agregado de artículos que permitirán el desmonte de al menos 1,6 millón de hectáreas. El diputado por el Partido Obrero, Pablo López, que votó en disidencia, la denominó “la ley de los grupos sojeros”.

Esta semana, la Corte Suprema ordenó frenar los desmontes autorizados en unas 800 mil hectáreas. Pero la medida no alcanza a las últimas autorizaciones.

El Consejo Directivo de la Facultad de Humanidad de Salta, mediante un comunicado, aseguró que “la ley aprobada constituye una grave amenaza para el ambiente y configura la legalización de los delitos de ecocidio y genocidio, es desde todo punto de vista violatoria de la Constitución Nacional, de los derechos ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas”.