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El trabajo infantil “ha sido siempre característico del sector agrícola tradicional”, reprocha en su documento la Fundación La Alameda a las entidades rurales. Las familias son contratadas justamente porque pueden trabajar como unidad productiva: se le otorga al jefe de familia un cuadro (o porción de terreno) y se le paga por producción. El trabajo, entonces, involucra a todo el grupo familiar, para aumentar el rendimiento. Por eso, cuanto más chicos tiene, mejor para el patrón.

La mayoría de los trabajadores que están bajo ese régimen son de nacionalidad boliviana, algunos indocumentados. Sus hijos, en su mayoría, son argentinos. Casi todos son trabajadores golondrina: cuando terminan con la producción de ajo van a la vendimia y luego a la cosecha de hortalizas. “A ninguno de ellos, grande o chico, se le ocurriría denunciar la situación de explotación, ya que automáticamente perdería el trabajo: nadie los contrataría”, revela Patricia Farina, psicopedagoga de la Escuela de El Carrizal.

Para el abogado Pablo Salinas –quien fue secretario de Derechos Humanos del gobierno mendocino– el hecho de que el juzgado federal de Mendoza haya decidido encuadrar la causa en el delito de trata de personas “nos porporciona una herramienta importante para luchar contra el trabajo infantil”, ya que las empresas no están ante una infracción laboral sino cometiendo un delito.

Por lo pronto, ya hay empresas que están implementando mecanismos para que los adultos puedan trabajar sin sus hijos. “Como una bodega, que desde hace tres años pone en funcionamiento un lugar recreativo para niños de 2 a 14 años de las familias trabajadoras. Según ellos, la productividad aumentó un 30 por ciento”, relata Alicia Montoya, de La Alameda, quien viajó a Mendoza para hacer un seguimiento del caso.