Luego de intentar nombrar a un contador de la industria tabacalera en el directorio del Hospital Garrahan, el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, tuvo otra idea brillante: resolvió impulsar la designación en el neuropsiquiátrico Braulio Moyano de Alberto Monchablón Espinoza. Los legisladores kirchneristas denunciaron que está involucrado en una causa judicial por haber experimentado medicamentos en pacientes sin la autorización del juez que las tutelaba, para luego dejarlas sin tratamiento. El jefe de Gabinete del Ministerio de Salud, Néstor Pérez Baliño, aseguró ayer que Monchablón fue sobreseído en esa causa, aunque también lo acusaron de permitir violaciones y una presunta red de prostitución.

Al igual que el director de Salud Pública, Gregorio Alcaín, Monchablón es un hombre del ex director del Moyano Néstor Marchant, con quien escribió un tratado de psiquiatría en 2006. Es su segundo en la Asociación Argentina de Psiquiatras. En su currículum figura que es “profesor a cargo de la Unidad Docente Moyano”, donde fue el investigador principal de un protocolo de medicamentos de laboratorios privados. A raíz de esto, se lo acusa de probarlos en pacientes sin autorización judicial. En la causa, se señalan casos en que les hacían firmar su consentimiento a las internas y se investiga el suicidio de una de ellas.

A fines de 2005, Marchant fue relevado del cargo por Donato Spaccavento, que era secretario de Salud de Aníbal Ibarra. Tras 21 años frente al hospital, Marchant se abroqueló y se negó a dejar el puesto. “Estamos esperando que venga la intervención, así me puedo tomar vacaciones”, dijo en tono desafiante. Spaccavento lo denunció ante el juez federal Ariel Lijo por las pruebas de medicamentos en internas. “Por cada paciente, se habrían cobrado cinco mil dólares”, aseguró el entonces secretario de Salud, quien detalló que inició la denuncia cuando supo “que una paciente que había ingresado por un intento de suicidio estaba incluida en el protocolo con un fármaco contraindicado para esa situación”.

Marchant sumó durante años denuncias de irregularidades, pero el detonante de su salida fue una denuncia en televisión sobre una presunta red de prostitución en el hospital. “Hay pacientes que se internan que son prostitutas”, se justificó Marchant. “Muchas salen a hacer sus cosas y después se prostituyen o siguen su trabajo. Pero ahí no tenemos nada que ver”, sostuvo. La kirchnerista Ana María Suppa señaló en ese entonces que Marchant tuvo denuncias por “uso de chalecos de fuerza que estaban prohibidos desde 1968, lo que llevó a la destrucción de los chalecos”. También recordó que en un informe de la Defensoría del Pueblo de 1999 ya se hablaba de casos de abuso sexual a las pacientes y que allí se dieron a conocer relatos de violaciones. La Defensoría determinó que 106 pacientes comían con las manos por falta de cubiertos e hizo una denuncia penal.

En su momento, el juez Lijo ordenó un allanamiento que duró 12 horas y retiró del hospital dos camionetas cargadas de biblioratos con los registros de los protocolos de experimentación de medicamentos. Patricia Jutoran es querellante en esa causa, ya que su hija fue incluida en uno de los experimentos. “Me hicieron leer el protocolo de investigación y me negué. Entonces, la entraron a psicopatear a mi hija, para convencerla a ella de que iba a estar mejor con los medicamentos. La sobremedicaron para agudizar los síntomas negativos y la única solución era ingresarla en este experimento. A mí se me partió el corazón, porque mi hija me decía: ‘Mamá, firmá’. Firmé contra mi voluntad. A los seis meses esa medicación le generó una crisis”, relató Jutoran a Página/12.

“Monchablón formaba parte de los protocolos, que fueron denunciados en su momento. Y era la mano derecha de Marchant. Tenían la misma visión y la misma política para el hospital”, recordó Spaccavento ante este diario. “Es un retroceso incluso para el macrismo. Con Soledad Acuña denunciábamos las políticas de Marchant, por lo que me imagino las contradicciones internas que debe tener el gobierno porteño para que designen a este hombre”, planteó. En 2006, ante un intento de regresar al Moyano de Marchant, la entonces legisladora del PRO Acuña advirtió que “dieron como nombre alternativo el de Monchablón. Marchant y Monchablón están imputados en la causa por la aplicación ilegal de medicación experimental”.

“Estoy altamente preocupada por la designación de Monchablón, porque realmente es volver a una etapa de la psiquiatría que ya había pasado en la ciudad. Es la vieja psiquiatría de Marchant, que vuelve de la mano de Alcaín, que es quien arma el nuevo circuito”, consideró la legisladora kirchnerista Alicia Bello. En tanto, el jefe de bloque K, Diego Kravetz, advirtió que “es un enorme retroceso que se vuelva a nombrar a quien fue echado por tratar a las internas como conejillos de Indias por un lado y, por otro, prostituirlas por acción o por omisión. Es casi como si hubieses echado al doctor Menguele y lo volvieras a poner”.