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La disputa de sentido es un fenómeno global. Muchos medios “leyeron” el triunfo de Barack Obama con el 53 por ciento de los votos como la “unidad de la nación para el cambio”. Sin embargo, consideraron que el 55 por ciento en manos de Evo Morales o de Hugo Chávez representa la “advertencia de una fractura” nacional y la posibilidad de “tensiones” en las naciones sudamericanas. Son lecturas parciales.

Para estos medios, Berlusconi “ganó” con el 36 por ciento y el kirchnerismo sufrió una “derrota aplastante” con el 32, pese a que los números lo ubicaron en un primer lugar en la cuenta nacional de votos. El sistema de medios sugiere que dicho porcentaje supone la clausura de un período donde cualquier iniciativa política que pretenda avanzar con la promoción del Estado, la distribución de la riqueza y la inclusión social toma un camino sin salida. El “realismo” domina las opiniones calificadas de quienes dictaminan que comenzó el poskirchnerismo. Esa agenda hegemónica no es ajena a la transformación de los grandes medios en grupos económicos. A partir de los superpoderes que adquirió el sector con el desguace estatal y la concentración económica en los ’90, desapareció toda posibilidad de ingenuidad editorial en esos medios. Estos no son neutrales ni asépticos.

La oposición política, las más de las veces funcional a esos intereses y encandilada por la amplificación de sus dichos en los titulares de los multimedios, argumenta que el Gobierno intenta condicionar la línea editorial con el manejo de la publicidad oficial.

La cuestión comunicacional, que refleja modelos de país y de sociedad en pugna, no se resuelve con avisos. Requiere de un abordaje integral que abarque el sentido del proyecto nacional, los medios para su circulación y el sujeto social que lo encarna.

¿Qué pasa con la comunicación?

Muchos se preguntan por qué las innumerables obras (viviendas, escuelas, cloacas, agua potable, entre otras), los incrementos a jubilados y trabajadores, la reinstalación de las negociaciones paritarias y aumentos superiores a la inflación o la derogación de la tablita de Machinea, que realizaron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, no alcanzaron para que sus beneficiarios tradujeran esa realidad en votos. En buena medida porque nadie vio al destinatario de esas políticas, ya que en la agenda mediática aparecía la inseguridad antes que las obras y las medidas de gobierno.

La reproducción y multiplicación del discurso mediático en amplios sectores de la clase media junto a la tinellización de la política aparecen entre las causas del traspié kirchnerista. Pero el problema de la comunicación no puede reducirse a esto.

Cristina es la primera presidenta de la democracia que se atrevió a abrir un debate público para derogar el decreto-ley que rige desde 1980 en la radiodifusión. Y ese hecho le valió la diatriba permanente de los dueños y voceros de los grupos de poder. ¿Cuánto de la agresividad mediática contra la Presidenta tiene que ver con la voluntad política de cambiar la Ley de Radiodifusión?

De todos modos, la ley de servicios de comunicación audiovisual, el reordenamiento del ámbito público de los medios y la democratización de un sistema diversificado y monopólico requieren de una estrategia de aristas múltiples.

Un proyecto político dispuesto a la defensa de intereses nacionales y populares necesita de referencias simbólicas y culturales que la sociedad pueda interpretar. Esto sólo se logra con el reconocimiento de la comunicación como un fenómeno social y no como una mera cuestión técnica y mercantil. Necesita actores y también organización.

La historia nos recuerda que “sólo la organización vence al tiempo”. Organización del discurso y construcción de sujeto deben ser parte de la misma tarea transformadora. Nuestra propuesta política organizativa busca la resolución favorable de lo que hoy aparece como déficit de una gestión que sintetizó en ideas y tradujo en obras lo mejor de la historia del movimiento nacional y popular. La idea de la convocatoria que llevamos adelante es aportar a la construcción de una política de Estado para la democratización de la comunicación, desde una mirada integradora, que articule acciones en materia de producción y distribución de contenidos, medios públicos, publicidad y administración del espectro.

Política y comunicación son dos caras de la misma moneda. No es posible el desarrollo de una sobre la ausencia de la otra. Todo hecho político debe pensarse también como un hecho comunicacional.

La posibilidad de combinar distintas herramientas para comunicar el proyecto nacional y popular es una tarea que muchos comunicadores estamos dispuestos a asumir, tal como se expresara en el encuentro Comunicación para el Proyecto Nacional realizado hace pocos días.

Los medios públicos deben trabajar para garantizar ciudadanía a quienes ven negado su derecho de acceso a la información y al conocimiento de los actos de gobierno. No se trata de sumar notables o alquilar plumas, sino de organizar la producción de una nueva mirada nacional. Una mirada integral que conduzca a la construcción de un discurso en el que se reconozcan todos quienes constituyen el sujeto destinatario de la gestión de gobierno.

El modelo de país se dirime también en el campo de la comunicación. Supone la construcción de un nuevo sujeto social y político. Tarea que si bien excede a los comunicadores los incluye.

Es desde este lugar que nos proponemos aportar. Sumando voluntades, saberes y herramientas de comunicación que permitan la inclusión en el sistema de medios de las pequeñas y medianas empresas periodísticas del interior y los medios comunitarios, como también de los miles de programas realizados por periodistas y trabajadores/as de la comunicación que hoy padecen los efectos de la concentración y la vigencia de la ley de radiodifusión de la dictadura.

La existencia plena de la libertad de expresión de todos y el acceso a fuentes de información múltiples y plurales son valores imprescindibles para que haya democracia política, económica, social y cultural.

* Vicepresidente de Télam, coordinador general del Comfer, director de Contenidos de la Secretaría de Medios respectivamente.