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Desde Barcelona

Ineludiblemente, es un problema de dinero. Por ahora todos eluden sujetarse a la obligación de costear cambios en las matrices energéticas para dejar de agredir la capa de ozono, algo que demandaría una cifra anual que irá creciendo hasta los 200 mil millones de dólares en 2030, según cálculos de la secretaría de la Convención por el Cambio Climático de la ONU. La prueba de que ésa es la naturaleza de la cuestión la da la creciente participación de representantes de los ministerios de Economía, que en cónclaves anteriores brillaban por su ausencia.

Atender las alteraciones climáticas es cada vez más una cuestión de recursos, estatales y privados. De acuerdo con las estimaciones de aquella dependencia de Naciones Unidas, uno de los escenarios más probables hará que en el mundo sea necesaria una cantidad creciente de fondos hasta llegar a aquella cifra sólo para “mitigar”, es decir, para contaminar menos. Pero a esto hay que añadirle el dinero que requiere la “adaptación” económica a las nuevas condiciones creadas por el calentamiento (diques donde ya hay avances de agua o nueva tecnología para la ganadería, por ejemplo), que en ese mismo período oscilarían entre los 65 y 140 mil millones de dólares cada año. Semejante botín explica la convocatoria a los responsables del área económica en las discusiones técnicas.

La delegación argentina llegó con seis miembros, dos de los cuales son técnicos del ministerio que comanda Amado Boudou, algo similar a lo que ocurrió con los grupos de otros países. Las delegaciones para este tipo de evento crecen del mismo modo que se consolida la presencia de las ONG, cuyos especialistas se integran como observadores. En esta reunión de Barcelona hubo 1800 funcionarios representantes de los distintos países contra 2200 delegados de las ONG ambientalistas, que hasta tienen la posibilidad de participar de los plenarios hacia el final de las sesiones. Una proporción que está cambiando rápidamente a favor de esas organizaciones y en detrimento de quienes tienen voz y voto.

Naciones Unidas financia los gastos generales de los cónclaves, a los que también contribuye el gobierno del país sede, España en este caso.