Cid, Cochabamba, Costa Azul, Fortaleza, San Antonio, son los nombres de los hoteles de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires en los que viven cerca de 120 familias. La mayoría de ellas tienen sentencia firme de desalojo, prorrogadas por la resistencia conjunta de los inquilinos ante los operativos policiales. “Hasta el momento, el gobierno macrista no dio respuestas satisfactorias a ninguno de los inquilinos con la excusa de que no podían otorgarles un subsidio hasta que no fueran desalojados”, explicó Rafael Atuati, de la Comisión de Paz y Justicia de la parroquia Corazón de María, de Constitución.

Atuati consideró “una esperanza” el fallo del Tribunal Superior de Justicia, que declaró inconstitucional que el subsidio de emergencia habitacional se efectivice únicamente “ante la situación de calle”.

“La modificación realizada por Macri había incentivado los desalojos en la ciudad”, sentenció el referente. Según Atuati, algunas familias aceptaron ser desalojadas de sus viviendas como para obtener el subsidio y con la esperanza de volver a alquilar. “Sin embargo, el cobro del subsidio se hacía difícil –resaltó Atuati– por la condición exclusiva exigida por el otro artículo declarado inconstitucional, por la que las familias debían justificar sólo gastos de alojamiento.” La posibilidad de acceder a los subsidios de entre 400 y 700 pesos tampoco esclarece el panorama: “Las familias pagan entre 1000 y 1200 pesos una habitación de cuatro metros por dos”, denunció Atuati. A pesar del contexto y de la falta de soluciones de fondo, el integrante de la Red por el Derecho a Vivir en la Ciudad indicó que “si el gobierno cumple con el fallo del tribunal, puede significar un alivio para mantener el pago de los alquileres”.