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Para completar el panorama que al cura Julio César Grassi le salió como tiro por la culata, la jueza de instrucción Susana Castañera dictó los sobreseimientos de los funcionarios que intervinieron de uno u otro modo en el rescate de los niños internados en el Hogar San José Obrero, del barrio de Chacarita, dependiente de la Fundación Felices los Niños del vapuleado Grassi. El rescate tuvo lugar en abril de 2009 luego de que uno de los chicos internados estuvo a punto de suicidarse, y la investigación derivó en la comprobación de que los chicos del San José sufrían vejaciones y abusos sexuales de parte de cuidadores. La ex directora del hogar Nancy Silva presentó una denuncia penal contra la jueza que dio la orden de evacuación de los niños, el asesor de menores que formuló el pedido, los funcionarios del Consejo de los Derechos de Niños porteño, e incluso dos oficiales de la Federal intervinientes.

El Hogar San José fue fundado por el cura Grassi –ahora de condena confirmada por Casación provincial (ver aparte)–. El hogar del santo obrero se ubicaba en Chacarita, dentro de un enorme predio sobre la calle Charlone 753, espacio compartido por el Colegio Santa Teresa de los Andes, dependiente de la Vicaría Episcopal de Belgrano. El 2 de septiembre de 2008, un chico de 8 años del San José intentó colgarse de un cable que se ató al cuello. En el colegio descubrieron que se trataba de la depresión por sufrir continuos abusos. El caso abrió a otros casos. Veinte días después, el caso fue llevado ante el defensor de menores Marcelo Jalil nada menos que por el obispo Horacio Benites Astoul, de la vicaría porteña. Pero cuando Jalil intentó entrevistar al chico, éste había sido trasladado en aparente protección de su felicidad, a la Fundación Felices los Niños, en Hurlingham. El intento de suicidio fue tomado por la jueza Rustán de Estrada y Jalil presentó una denuncia penal por abuso de menores. El escándalo se destapó cuando secuestró las carpetas de los 46 no tan felices los niños internados. En el medio, el gobierno de Macri y su preocupación por las influencias que reciben los niños –hoy evidenciada en la cruzada antitomas– intentaron poner paños fríos reubicando a los chicos en el lugar donde eran abusados.

La jueza Rustán de Estrada ordenó entonces que los chicos fueran evacuados de allí tras las denuncias de Jalil. En sus fundamentos sostuvo que en el San José “se instaló la ley de la selva, el miedo, las amenazas, los golpes y el maltrato, además de las prácticas sexuales con los más débiles y pequeños (...). Los sacaron de la calle para encerrarlos sin posibilidad de elección, para vivir en las mismas situaciones de impotencia”. La mudanza fue resistida por las autoridades del hogar de la calle Charlone por todos los medios. Meses antes, intentando descomprimir su propia situación, el propio Grassi pidió dar una misa de Pascua, enchocolatar las manitos de sus adorados niños repartiendo aquí y acullá huevecillos de Pascua, juguetes y, por qué no, mucho amor, acompañado de cámaras que registrarían ese momento indeleble en la memoria de todos, y se supone que especialmente en la memoria de los jueces que todavía no lo habían juzgado. La visita no fue permitida, no por el Consejo del Niño macrista, que ni se dio por enterado, sino por la Justicia de Morón. La resistencia a la orden de retiro de los niños incluyó maniobras como la denuncia penal contra los denunciantes. Incluso, contra la jueza Rustán que había ordenado el desalojo.

Ahora, el fallo de la jueza Castañera dispuso rechazar las acusaciones de excesos y violencia física sobre los niños y sobreseer a los acusados.