En lo que podría denominarse como “efecto Beara”, el Gobierno de la Ciudad decidió poner en suspenso todos los permisos especiales para espectáculos públicos otorgados mediante la normativa vigente, según confirmó a Página/12 una fuente de la Agencia Gubernamental de Control. Se trata de la resolución 1010/05, que se estaba utilizando en forma casi masiva para permitir espectáculos en boliches clasificados como “casas de fiestas privadas”, como Beara, donde el derrumbe de un entrepiso provocó la muerte de dos chicas. Algunos de esos locales, que funcionarían como boliches encubiertos, recibieron en los últimos dos años permisos para realizar entre 50 y 90 recitales y shows en vivo, advirtieron legisladores de la oposición. También advirtieron que “desde diciembre de 2007, cuando asumió el macrismo, no varió la cantidad de locales bailables Clase C y, por el contrario, se habilitaron 48 de las 112 casas para fiestas privadas existentes en la ciudad”.

Estos números no hacen más que alimentar las sospechas que pesan sobre la Dirección de Habilitaciones y Permisos porteña y sobre todo el sistema de controles. Para el diputado ibarrista Eduardo Epsz-teyn, hay “evidencias suficientes como para sospechar que existe una red de corrupción en la Agencia Gubernamental de Control”. El legislador reclamó investigar a “los estudios jurídicos que se ocupan de tramitar las habilitaciones”.

“Hay complicidad con empresarios inescrupulosos de la noche que utilizan la argucia de las fiestas privadas para eludir las exigencias que se requieren para hacer recitales en vivo en locales bailables”, dijo Epszteyn, tras lo cual solicitó la citación del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, a la Legislatura, para que dé explicaciones.

Como informó Página/12 ayer, los primeros espectáculos suspendidos en la semana fueron un recital del grupo de percusión La Bomba de Tiempo, en el Centro Cultural Konex, y la presentación del CD de Pomo Lorenzo, ex baterista de Luis Alberto Spinetta. Un vocero de la Agencia Gubernamental de Control, el organismo encargado de otorgar los permisos para esos espectáculos, confirmó a este diario que “se suspendió el otorgamiento de permisos hasta tanto se revise la normativa que rige para las habilitaciones”. La norma es la resolución 1010, del año 2005, dictada por el gobierno de Aníbal Ibarra para reglamentar el otorgamiento de permisos especiales para la realización de espectáculos públicos.

El diputado Gonzalo Ruanova (Nuevo Encuentro) alertó sobre el uso sistemático de este recurso para otorgar permisos para recitales y shows en vivo: “En poco más de dos años, el salón de fiestas Terrazas del Este, en la Costanera, recibió 90 permisos y el local de baile Modena Design, 78”, puso como ejemplo el legislador.

Las estrategias de los empresarios que organizan espectáculos públicos con la presunta anuencia de funcionarios derivó en un cambio de modalidad a partir de la normativa post Cromañón, que hizo más rigurosas las condiciones para habilitar boliches bailables. Lo advirtió la Cámara de Empresarios de Discotecas en una solicitada publicada hace casi dos años, el 30 de noviembre de 2008: mediante autorizaciones encubiertas, algunos bares o locales de otros rubros se transforman en boliches bailables.

Las cifras son elocuentes: desde diciembre de 2007, cuando asumió el macrismo, la cantidad de boliches bailables registrados no se mueve de 97. “Algunos han cerrado y otros han abierto en ese lapso, pero la cantidad no ha variado”, observó Ruanova. En cambio, los salones para fiestas privadas, como Beara, casi se duplicaron durante la actual gestión. Según los datos que aportó el lunes el propio director de Habilitaciones, Martín Farrell, durante gobierno de Fernando de la Rúa, en la ciudad, se habilitaron 38 casas para fiestas privadas; en el de Enrique Olivera se permitieron 4; en el de Aníbal Ibarra, 24; en el de Jorge Telerman, 27 y durante la gestión de Mauricio Macri, 48.

El derrumbe del entrepiso en el local Beara de Palermo se produjo el viernes a la madrugada. Dos chicas fallecieron y 33 personas sufrieron heridas. El lunes, el diputado Fabio Basteiro (Proyecto Sur) denunció que los afectados no habían recibido atención psicológica por parte de especialistas del Gobierno de la Ciudad.

Ese mismo día se supo que Beara había sido habilitado pese a que la directora de Fiscalización y Control del propio gobierno había recomendado que no se otorgara el permiso en virtud de las faltas reiteradas en que habían incurrido los responsables del boliche: nada menos que funcionar como una discoteca cuando sólo tenía habilitación como bar y restaurante. Pese a esa sugerencia, formulada el 3 de agosto del año pasado, la Dirección de Habilitaciones le otorgó, 21 días más tarde, el permiso para funcionar como “casa de fiestas privadas”.