Durante el primer año del PRO, según un informe de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, a partir de datos de la cartera social, hubo 3306 familias desalojadas, a un promedio de 10 familias por día, número que no se redujo en 2009. Para 2010 no hay datos oficiales sobre desalojos, pero el programa de Asistencia a Familias con Alta Vulnerabilidad Social tiene una población destinataria de 10.800 familias a ser asistidas. Dentro de este universo de familias están las que ya se encuentran desalojadas, las que están en situación de calle y las que continúan recibiendo un subsidio ya otorgado.

“El gobierno porteño debería realizar una estadística seria, pero no quiere que la problemática se difunda y se conozca su gravedad”, apuntó Jorge Abasto, integrante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA). Según cálculos de esa organización, el número de familias desalojadas llega a las cinco mil por año, por lo que, con un promedio generoso de cuatro integrantes por familia, serían 20 mil las personas que cada año quedan en la calle.

Para Rafael Atuati, de la Comisión de Paz y Justicia de la Parroquia Corazón de María, que junto a CIBA y otras organizaciones forman el Encuentro por el Derecho a Vivir en la Ciudad, el problema de la falta de respuestas a la emergencia “no es la falta de presupuesto sino la intención del gobierno macrista de expulsar a los pobres de la ciudad”. “Es sospechoso que digan que no hay plata cuando el Presupuesto de Desarrollo Social y el del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) están subejectuados”, apuntó Atuati.