Los defensores públicos nacionales de todo el país estarán obligados, a partir de marzo, a informar los hechos de torturas a detenidos que se produzcan en las cárceles y en la vía pública por parte de las fuerzas de seguridad, a fin de conformar un registro nacional. La llamada “Unidad de registro, sistematización y seguimiento de hechos de tortura y otras formas de violencia institucional” fue creada por la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, a través de una resolución firmada en diciembre último. En los considerandos, Martínez afirma que “la tortura, la violencia institucional y las condiciones inhumanas de detención que pueden producirse durante las privaciones de libertad o durante otras intervenciones de agentes estatales en espacios públicos constituyen algunas de las más graves afrentas contra la vigencia de los derechos fundamentales”.