“No es casualidad que recibo una nueva amenaza en el teléfono de mi casa justo el día que nos movilizamos a Comodoro Py para pedir que no se excarcelara a Pablo Díaz y compañía.” Damián Reynoso, militante de la Unión de Jóvenes por el Socialismo (UJS), responsabiliza “a la patota armada por la burocracia sindical” por las intimidaciones. Un día después del asesinato de Mariano Ferreyra, mientras conversaba con una radio sobre el ataque perpetrado en Barracas por la patota de la Unión Ferroviaria (UF), Reynoso recibió un llamado que sus familiares identifican como una “voz grabada” y que decía: “Zurdito, callate la boca”. En noviembre y diciembre las amenazas tuvieron una frecuencia de día y medio. Si bien la última fue el 25 de enero, cuando la Cámara de Casación trató las excarcelaciones de los detenidos, los llamados se repiten el 20 de cada mes, cuando se recuerda un nuevo aniversario del crimen del militante del Partido Obrero.

El del estudiante de la UTN no fue un caso aislado. José Eduardo Sotelo, Gonzalo Damián Fernández, Alberto Mariano Esteche y José Luis García –testigos en la causa por el asesinato de Mariano– también recibieron mensajes similares. Esos actos intimidatorios fueron tomados en cuenta por la Cámara del Crimen porteña para denegar las excarcelaciones de al menos dos de los detenidos: Juan Carlos Pérez y Guillermo Armando Uño.

Mientras se desempeñaba como fiscal de la causa, a Cristina Caamaño, actual viceministra de Seguridad, le pusieron custodia policial, a fines de octubre, por llamados intimidatorios y movimientos extraños cerca de su oficina de la Fiscalía de Instrucción Nº 4, ahora a cargo de Fernando Fiszer. En los primeros días que siguieron al ataque en Barracas, por miedo a que se filtrara información trabajadores del Taller de Remedios de Escalada reclutados por la patota de la UF también fueron amedrentados. “Si hablás, te prendemos fuego la casa”, le dijeron a uno de los ferroviarios.

En Escalada señalan que las amenazas comenzaron para cerrar un pacto de silencio en el taller, donde al menos 120 ferroviarios fueron licenciados para participar del ataque a los tercerizados. En la madrugada del 21 de octubre, un grupo de desconocidos baleó la casa de Aldo Severo, ex gerente de Ferrobaires. A fines de noviembre, a José Luis García le cruzaron una camioneta EcoSport negra con cuatro hombres en su interior cuando se dirigía a su trabajo. En ese momento, el mensaje llegó sin ambigüedades: “¡Dejate de joder con Ugofe, la próxima vez no te avisamos!”.

En su resolución judicial, la jueza Wilma López consideró que “se torna sumamente importante valorar en contra de los encausados el temor de los testigos a prestar declaración testimonial” y destacó las intimidaciones sufridas por Severo, la fiscal de la causa, la periodista que se encontraba en el lugar (Gabriela Carchak, de C5N) y Sotelo. Y mencionó que la testigo Rocío Anahí Cardozo afirmó que mientras se encontraba en la casa de su novio, Damián Reynoso, atendió una llamada telefónica en la que le anunciaron: “Que se deje de decir pavadas y que deje de salir en la tele”.