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El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fue informado hace más de un mes de que la instalación de cámaras de seguridad en escuelas y jardines de infantes podría afectar los derechos a la intimidad y a la privacidad de los chicos que allí asisten. Sin embargo, hasta ahora no ha tomado intervención alguna.

Así se desprende de la actuación iniciada en la Defensoría del Pueblo porteña. Desde ese organismo, se cursó a la presidenta del Consejo, Beatriz Orlowski de Amadeo, el 15 de julio, una nota en la que se le solicita “tenga a bien informar si –atento a la posible afectación de derechos a la intimidad y a la privacidad de las personas, entre ellas niños niñas y adolescentes que asisten a escuelas y dependencias oficiales de niñez y adolescencia, seleccionadas como ‘objetivo’ para ser monitoreados electrónicamente– ha tomado intervención en el marco de las funciones asignadas al organismo a su cargo”.

Según informó a este diario Gustavo Lesbegueris, del Area Derecho a la Educación de la Defensoría, Orlowski mandó como respuesta un informe, con fecha 5 de agosto, según el cual “aún no se ha tomado intervención respecto de la normativa de referencia”.

“La respuesta es ilustrativa de la falta de compromiso de las autoridades del Consejo, evidenciando el vaciamiento por el que atraviesa el organismo”, opinó Lesbegueris.