Los fundamentos del proyecto presentado por el Ejecutivo uruguayo incluyen una enumeración de antecedentes internacionales. Señalan “la experiencia pionera de Holanda, desde hace más de 30 años, basada en la separación de los mercados de drogas entre las entonces llamadas ‘duras’ y las ‘blandas’ (marihuana y hachís)”. Señalan también que “diversas provincias de Australia (Capital, Australia del Sur y Territorio del Norte) han descriminalizado la posesión de cannabis para uso personal, así como el autocultivo”.

Se agrega el caso de “los clubes sociales de cannabis, desarrollados en los últimos años en varias provincias de España. Estas asociaciones civiles, además de producir y distribuir controladamente la marihuana, efectúan actividades de asesoramiento médico y legal a sus miembros, además de encuentros informativos y educativos tendientes a mejorar la gestión de los riesgos del consumo”. Además, “en Estados Unidos, desde 1998, 17 estados desarrollan sistemas de regulación de la producción, venta y consumo de marihuana medicinal”.