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La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción el miércoles a un proyecto de ley por el cual se adopta la guía técnica para la atención integral de los abortos no punibles del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud de la Nación. Ese protocolo, elaborado por un equipo interdisciplinario, fija el procedimiento a seguir para la atención de los casos contemplados en el artículo 86 del Código Penal, para eliminar las exigencias arbitrarias y garantizar el acceso a las intervenciones.

La iniciativa fue impulsada por la diputada radical Liliana Vietti y aprobada por todos los bloques menos el Partido Demócrata. La votación fue 28 a 11. “Hay senadores que me han llamado porque están interesados en que no se dilate el tratamiento del tema en el Senado”, dijo Vietti a Página/12.

La legisladora que impulsa un protocolo en línea con el fallo de la Corte Suprema, defendió el proyecto al señalar que “es necesario que la mujer víctima de violación y embarazada pueda acceder a sus derechos. El Estado es el que debe garantizarlo, especialmente de la población más vulnerable”. Desde la bancada justicialista, la diputada Mónica Salazar expresó: “Estamos defendiendo los derechos humanos de la víctima, la sociedad tiene un gran reclamo respecto de esto”.

En Mendoza hubo dos casos emblemáticos por los obstáculos que las mujeres tuvieron que enfrentar para acceder a un aborto legal.

El primero ocurrió en agosto de 2006, cuando la mamá de una joven de 25 años con discapacidad mental, que había sido violada, pidió la interrupción del embarazo en el Hospital Militar de la capital provincial. Le exigieron una autorización judicial. El reclamo llegó hasta la Corte provincial, que avaló la práctica en un trámite muy veloz. El otro caso, en 2008, fue el de una nena de 12 años, víctima de abuso sexual. También se judicializó. La niña fue acosada por integrantes de grupos antiderechos para modificar su decisión. Finalmente, el juez Germán Ferrer, rechazó el pedido.