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Tomar partido

Por Carlos Rozanski *

A lo largo de la historia, miles de mujeres fueron golpeadas, torturadas y asesinadas ante el silencio y la complicidad de jueces y funcionarios que, violando sus deberes, avalaron y justificaron a los violentos. Fueron siglos de una lucha desigual entre vulnerables y necios, decidida casi siempre a favor de estos últimos. Muertes anunciadas de mil maneras en sistemas que desde lo formal declamaron proteger y nunca lo hicieron. Las víctimas siempre han hablado y sus cadáveres también. Rara vez fueron escuchadas. Las niñas y mujeres de Mar del Plata, Miramar, Catamarca, Río Negro, Santiago del Estero, son sólo algunos de los terribles ejemplos de una justicia que ha llegado siempre tarde. No puede haber mayor ofensa a la condición humana que aquella muerte que pudo evitarse con un poco de sensibilidad. No hablamos de brillantez o entrega extrema, sino de un mínimo de humanidad para leer lo que hay que leer, ver lo que hay que ver y decidir lo que hay que decidir. Y cuando eso no sucede, una joven como Carla, violada de niña, casada con su violador un año después y asesinada por el mismo ex convicto, con la bendición de dos jueces, vuelve a recordarnos nuestras propias miserias. Sin embargo, esa muerte, tan absurda como anunciada, unió lo que parecía imposible. Veintiséis diputados pampeanos, de posiciones políticas, creencias y filosofías diversas y en muchos casos opuestas, unánimemente, no vacilaron ni un instante en actuar como comunidad, como colectivo verdaderamente humano, que discuten a diario y hasta se pelean por sus ideas, pero se unieron ante el horror. Frente a lo irreversible, señalaron a uno de los dos magistrados que probablemente haya contribuido decisivamente para esa injusta muerte. Los legisladores pampeanos que denunciaron al juez Flores quebraron una historia de vergüenza e indiferencia. El Ministerio Público de la provincia, en cabeza del doctor Mario Bongianino, asumió con valentía su importante rol de titular de la acusación. Como surge de la propia presentación, en un juicio político no se trata de castigar al juez acusado sino de determinar si tiene o no aptitud para ese cargo. En caso de no tenerla, será destituido y entonces sí, la Justicia ordinaria investigará si, además, debe ser sancionado civil o penalmente por aquella actividad que le valió en su caso la destitución. Sabemos que así como hay numerosos jueces sensibles y respetuosos de los derechos humanos, hay también de los otros. Aquellos que, por mantener la histórica mirada masculina de discriminación de género y edad, no vacilan en dictar fallos tan ilegales como inmorales. Son los mismos que en causas por delitos sexuales se muestran interesados en saber si la ropa que usaba la víctima era provocativa o si parecía tener más edad que una niña. Son finalmente los mismos que cuando no pueden exculpar directamente a los abusadores toman algunos de los elementos de las causas, los sacan de contexto y elaboran teorías de atenuación para conductas que verdaderamente no la tienen. Cómo no fijar la mirada en aquellos magistrados que, con toda soltura, envían a sus casas a aquellos acusados de graves delitos, pertenecientes a clases medias o acomodadas, por el hecho de ser “buenos vecinos”. A todos ellos, y al resto de la sociedad, un puñado de diputados y un procurador general decentes les están mostrando que a los argentinos nos siguen uniendo las causas justas y que no estamos dispuestos a proteger a nadie que pueda haber facilitado una atrocidad como la muerte de Carla Figueroa. Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, dijo alguna vez que ante la atrocidad hay que tomar partido. La muerte de Carla es una atrocidad y los pampeanos están tomando partido.

* Juez federal.

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¿Será justicia?

Por Marcela V. Rodríguez *

Los entonces jueces Flores y Jensen violaron tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención de Belem do Pará. El Estado, aquí representado por estos jueces, tenía el deber de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos de violencia contra las mujeres. Este deber, como afirmó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resulta reforzado en estos casos.

El homicidio de Carla Figueroa no fue un imponderable. Se aplica la doctrina del riesgo previsible y evitable: Flores y Jensen tenían “conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para” Carla “y tenían posibilidades razonables de prevenir o evitar ese riesgo”, en términos de lo exigido por la Corte Interamericana para que se configure esta responsabilidad. Estaban frente a lo que comúnmente se denomina crónica de una muerte anunciada, tenían posibilidades de prevenirla y no lo hicieron.

Más allá de los cuestionamientos a la figura del avenimiento, no existían los requisitos mínimos para aplicarla. Flores no hizo ningún tipo de acción eficaz tendiente a su verificación. Simplemente consideró que la propuesta de avenimiento de Carla “luce real y sincera, libre, sin presiones”. Los jueces se deben basar en normas, hechos, pruebas, es intolerable que un juez actúe en función de cómo “luce” una propuesta.

Tan previsible era la reiteración de hechos de violencia del actual homicida, que Flores delegó “la implementación de controles asistenciales y psicológicos tendientes a evitar la producción de nuevos hechos de violencia de género”. Flores era garante de la prevención y protección ante estos hechos de violencia contra Carla, pero no le brindó una asistencia adecuada. Tampoco indicó ni supervisó siquiera estas medidas, pese a que pudo anticipar el riesgo.

Flores no sólo dispuso la libertad del violador y posterior homicida de Carla. También envió un mensaje: las violaciones sexuales, los hechos de violencia contra las mujeres, gozan de impunidad.

Los actos tienen consecuencias y responsables. Ahora es responsabilidad del Jurado de Enjuiciamiento no dejar impune a quien no merece ser juez de esta Nación.

* Diputada Nacional. Grupo Justicia y Género - Ciepp.