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Las once entidades de derechos humanos y de las mujeres que reclamaron la promulgación –a través de un comunicado de prensa– destacaron los aciertos de la nueva ley:

- Reconoce la autonomía de las adolescentes a partir de los 14 años para brindar el consentimiento informado, respetando lo establecido en la Convención de Derechos del Niño, la ley 26.061, y la normativa sanitaria de la ciudad de Buenos Aires (Ley Básica de Salud y Ley de Salud Sexual y Reproductiva);

- No requiere la intervención compulsiva de comités interdisciplinarios, al tratar al aborto permitido por el Código Penal como al resto de los procedimientos médicos;

- No exige la refrenda del director/a del hospital para que se lleve adelante la práctica, de modo de entender al aborto no punible como cualquier otro procedimiento médico legal;

- Concibe la protección de la salud de la mujer de forma integral, tal y como lo entiende el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Organización Mundial de la Salud, y en consonancia con la interpretación del concepto de salud aplicado por los tribunales de justicia en la jurisprudencia.

El veto sería problemático por diversos motivos, agregaron. “En primer lugar, porque el aborto no punible es un derecho de las mujeres –fundado en el derecho a la salud, dignidad, autonomía, integridad y vida–, que existe en el sistema jurídico argentino desde 1921 y que fue ratificado por la Corte Suprema en 2012. Por ende, su provisión adecuada y sin dilaciones es un deber del Estado. En segundo lugar, porque la ley es el resultado de un acuerdo de todos los bloques, luego de un largo proceso de discusión en la Legislatura porteña que lleva años de deliberaciones, donde todos los argumentos han sido oídos. Su veto implicaría un ejercicio antidemocrático de parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.”