El hecho que disparó la denuncia de María Magdalena contra las médicas Claudia Callejas y Alejandra Berenguer, una jefa y la otra residente, de la Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, ocurrió en el verano de 2012. María Magdalena, hoy de 27 años y madre de tres hijos, ingresó a la guardia en la madrugada del 12 de enero con fuertes dolores abdominales. La acompañaban su pareja y su madre. “Luego de maniobras ginecológicas de exploración, se me acusa de haberme provocado un aborto”, contó en la denuncia, que realizó con el patrocinio de Deza. La mujer negó haberse sometido a un aborto y contó que estaba bajo tratamiento por una patología biliar y que utilizaba un método anticonceptivo inyectable. Ambos tratamientos le fueron proporcionados en el CAPS (Centro de Asistencia Primaria de Salud) de la zona donde vive, en el departamento tucumano de Cruz Alta. María Magdalena negó además conocer que estaba embarazada, incluso detalló que en diciembre de 2011 –es decir, un mes antes– le habían hecho una ecografía abdominal donde no le informaron de ninguna gestación en curso.

Pero las médicas en la guardia la interrogaron en un contexto de profundo maltrato, según denunció. “El acoso del personal médico fue de tal magnitud que mi madre se vio presa de un ataque de nervios y mi pareja se vio fuertemente consternada no sólo con la sorpresa del embarazo que –reitero– desconocíamos, sino además con el trato que se me proporcionaba: altamente violento, hostigador y acusador, lo cual me llevó a permanecer casi todo el tiempo en estado de llanto”, detalló en la presentación judicial. “Luego se me hizo un legrado, sin recibir anestesia, y se hizo ingresar nuevamente a mi pareja con el objeto de mostrarle el feto que se me acusaba de haber abortado. La madrugada fue para mí insoportable, no sólo por los dolores físicos sino por el maltrato psicológico. En todo momento se me agredía verbalmente y las médicas que me atendían en ese momento emitían juicios de valor sobre mi conducta, que ya habían juzgado como delictiva y cruel. Llegaron a decirme en presencia de mi pareja que por lo que había hecho “él ni siquiera flores me iba a llevar a la tumba si yo me moría de una infección”. Aclaro que es el padre de mis tres hijos y estamos juntos desde hace más de 10 años”, detalló María Magdalena en la denuncia.

Las médicas llamaron a la policía y la denunciaron. Los agentes interrogaron a María Magdalena, con el consentimiento de las dos ginecólogas. La mujer negó en todo momento haber interrumpido un embarazo. “Sin embargo, las acusaciones del personal médico eran permanentes y de viva voz, con lo cual recibí también la censura de las demás parturientas, lo cual agravaba aún más mi desazón al ver que las mismas personas que me acusaban y maltrataban eran de las cuales dependía mi salud. Por la mañana ingresó una psicóloga donde yo estaba internada y al constatar que me rodeaban dos policías uniformados y uno de seguridad privada en el lecho de convalecencia, quienes además me hacían preguntas sobre la denuncia formulada por mis médicas tratantes, ordenó se retiraran de inmediato, me llevaran a un lugar donde dispusiera de privacidad y dijo expresamente que se estaba violando mi intimidad”, siguió María Magdalena en su denuncia. Esa psicóloga y otras dos más que vieron la escena dejaron constancia en la Maternidad de la violación del secreto profesional, de la intimidad y de la violencia obstétrica contra la paciente. Según pudo saber la abogada de la paciente, las psicólogas presentaron una nota a la subdirectora de la Maternidad, María Inés Martinini, y al jefe de Partos, dando cuenta de la violación de los derechos de la paciente, pero luego de una investigación interna las autoridades hospitalarias resolvieron archivar el caso.