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Fallos judiciales de Chaco, Salta, Córdoba, Formosa, Santa Fe y Buenos Aires establecen límites de entre 800 y 1500 metros para las fumigaciones con agroquímicos. Médicos de pueblos fumigados, en base a estudios científicos, y organizaciones sociales impulsan leyes con distancias similares. En contraposición, el Ministerio de Agricultura de la Nación distribuyó entre productores un documento que propone fumigar a cien metros de las viviendas. El documento fue realizado junto a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe, espacio de las grandes compañías de agroquímicos), Aapresid (empresas de siembra directa) y la Federación de Cámaras Agroaéreas (dueños de aviones fumigadores).

“El documento llamado ‘Pautas sobre aplicaciones fitosanitarias en áreas periurbanas’ carece de nivel científico, ignora por completo el conocimiento disponible sobre efectos nocivos de los plaguicidas en la salud y los ecosistemas, y facilita la contaminación de las personas”, afirmó desde la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) Raúl Montenegro, y destacó que “no es casual” que funcionarios y grandes productores omitan mencionar que en la Comunidad Europea está prohibida la fumigación aérea.

Horacio Brignone, de la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, calificó el documento de “burdo, es el trabajo de una voluntad sectorial corporativa”, y cuestionó que no se dio lugar a análisis interdisciplinarios y tampoco se tuvo en cuenta a las familias afectadas y organizaciones que trabajan la problemática y padecen las fumigaciones.

Claudio Lowy, desde la Red Nacional de Acción Ecologista (Renace), consideró que el documento “carece de legitimidad científica, política y jurídica”. Evaluó que es “una maniobra” para presionar a legisladores, aseguró que se omitieron estudios epidemiológicos y “ninguno de los datos sobre distancia que ponen como ejemplos tiene referencia bibliográfica, lo que le quita seriedad a todo el documento”.

Carlos Manessi, de Cepronat (Centro de Protección a la Naturaleza) y la Multisectorial, explicó que están trabajando en todo Santa Fe, señaló que se articulan acciones con otras provincias y con todos los sectores de la sociedad por un simple motivo: “El lobby sojero opera en la Legislatura, en los medios de comunicación, en las universidades. En todos lados encuentra socios, pero también resistencias”.