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En la provincia de Córdoba existen al menos 69 casos de conflictos de tierras en zonas rurales, que abarcan 119.974 hectáreas. Las afectadas son 1077 familias campesinas. Los datos fueron incorporados al Relevamiento y sistematización de problemas de tierra de los agricultores familiares en la Argentina, publicado el año pasado por el Ministerio de Agricultura de la Nación.

Otra integrante de El Llano en Llamas, la magister en Antropología Sabrina Villegas Guzmán, destaca en su tesis titulada “Territorios en disputa (2012)” que “las limitaciones de las distintas normas que se crean para hacer frente al problema derivan en que sea el Poder Judicial el encargado de la resolución de los conflictos posesorios”. Es decir no es el poder político el encargado de abordar este cuadro.

Abocada a los conflictos de tierras rurales en el norte de Córdoba, la investigación sostiene que “no sólo la ley asegura un orden injusto al defender a ultranza el derecho de propiedad privada”, sino que el Poder Judicial y todos sus resortes “policía, oficiales de justicia, empleados, opera selectivamente, generando un trato desigual” entre las partes, “que cuentan con distinto poder económico, social, cultural”.

Villegas Guzmán recuerda que a pesar de haberse sancionado en 2004 la ley 9150, que apuntó a sanear títulos, de 28.133 expedientes realizados (2004-2008) sólo se ha resuelto el 2 por ciento de los mismos. Y del total de trámites, apenas 3235 pertenecen al ámbito rural.