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- Una de las recomendaciones del Organo de Revisión estuvo relacionada con las muertes que se producen en el contexto de encierro en los neuropsiquiátricos públicos y privados. El pedido es que “toda muerte ocurrida en este ámbito debe considerarse ‘muerte dudosa’”, aun en los casos en que la información oficial señale que se trató de una “muerte natural”. Por esa razón, el caso se tiene que reportar de inmediato a la Justicia Penal. Del mismo modo, se solicitó a las instituciones de salud mental que hagan un informe detallado sobre las personas fallecidas, con mención expresa de las causas del fallecimiento.

- Otro de los puntos señalados en el informe fue la poca recepción que tuvo, de parte del gobierno porteño, la tarea de monitoreo realizado por el órgano de control. El área de Salud Mental de la Ciudad “se ha negado constantemente tanto a mantener contacto como a revisar las prácticas jurídicas y sanitarias” en el ámbito de la Capital Federal.

Finalmente, el monitoreo pudo realizarse, dado que la Ley de Salud Mental habilita al órgano para ingresar en cualquier ámbito, público o privado. En las clínicas privadas porteñas el monitoreo reveló internaciones de larga data sin consentimiento, en instituciones cerradas y restrictivas en las cuales “no se observaron criterios de uso racional de psicofármacos y se relevó un déficit en el número del personal asistencial, tanto de enfermería como de otros profesionales”.

También se cuestionó “las condiciones de limpieza y estructura, mala calidad e insuficiente cantidad de las prestaciones alimentarias. En algunas de las instituciones se observó la existencia de un tratamiento “caracterizado por el aislamiento y la incomunicación”.