Un relevamiento de la ONG Techo, de 2013, señala que en la provincia existen 210 asentamientos informales, de los cuales 134 pertenecen a la capital. Se estima que unas 28.600 familias viven en la informalidad habitacional, lo que en base a datos censales alcanza al 3,9 por ciento de la población cordobesa.

En este contexto, el gobierno provincial ha realizado políticas que han inducido nuevos conflictos. Un ejemplo es el programa “Mi casa, Mi vida” (2003-2009), para relocalizar población villera. “Las villas, se encontraban localizadas en zonas con precios de suelo alto o muy alto y fueron trasladadas hacia sectores periféricos, donde se localiza históricamente población pobre, intensificando la segregación residencial y socio-espacial”, apunta la investigadora María Virginia Monayar.

En el artículo “Las formas de la informalidad”, de la revista del Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la UNC (2014), Monayar da cuenta de que las viviendas entregadas por la Provincia fueron germen de nuevas tomas. Las casas entregadas tienen una superficie de 42 metros cuadrados, lo que a razón de 5,59 miembros que en promedio tienen los hogares de villas del municipio de Córdoba “resulta deficitaria” y motiva que en el corto plazo, entre el diez y veinte por ciento de la población de los barrios ciudad “se encuentra hacinada”. “El propio Ministro de Desarrollo Social de la Provincia, indicaba que el hacinamiento inducido por el tamaño de las unidades habitacionales producto del programa había impactado en el crecimiento de “tomas de tierra” en las márgenes de las propias urbanizaciones”, tal es el caso de Parque las Rosas, donde en 2006 se habían entregado 312 viviendas.