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El caso de Avellaneda puso otra vez sobre el tapete la interna entre el gobierno nacional y la administración bonaerense. El ministro de Justicia, Gustavo Beliz, pidió el apartamiento de la policía provincial, mientras que el gobernador Felipe Solá se mostró molesto por la nueva intrusión en su territorio. Al final de la tarde, el mandatario provincial admitió: “En el marco de la máxima pobreza y de la marginación, no existe la misma aplicación de justicia y seguridad por parte del Estado”, con lo que dio a entender que hubo ineficiencia policial y judicial en la investigación. Respecto del fiscal Devoto, Solá dijo que no podía pronunciarse, pero adelantó: “Hoy envié, a través del ministro de Justicia (de la provincia), una carta al Procurador Fiscal (bonaerense) en la que le pido que se investigue la conducta del fiscal (Andrés) Devoto en cuanto a negligencia”. Entre Nación y provincia parece haber una diferencia de estilos que ya se manifestó, además del caso Marela, en el secuestro de Ernesto Rodríguez y en el asesinato de Natalia Di Gallo.