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El Equipo de Pastoral Aborigen (Endepa) trabaja desde hace viente años junto a los pueblos originarios en la defensa de sus derechos “a la vida, la identidad, la tierra y los recursos naturales”. Cuenta con un equipo de abogados especializados en derecho aborigen y muchas de sus presentaciones se basan en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce –entre otros puntos– el derecho ancestral y comunitario a la tierra, uno de los reclamos básicos de todos los pueblos. La organización tiene presencia en diez provincias, con áreas fuertes de trabajo en el NOA, NEA y Patagonia, impulsa programas para la defensa y el desarrollo de los derechos indígenas, entre ellos la educación bilingüe e intercultural, derecho básico aún hoy negado a todos los pueblos originarios.
Endepa tiene equipos de trabajo junto a las comunidades en El Impenetrable, en los poblados de Nueva Pompeya y Comandancia Frías, donde hace hincapié en la defensa de los derechos humanos de los pobladores originarios y el “desastre ambiental del monte chaqueño”. En ambos temas, el coordinador nacional de Endepa, Germán Bournissen, no vacila: “La discriminación es una constante, se da en todos lados, en la calle y en las instituciones públicas; uno de los puntos muy preocupantes es el racismo de la policía, que directamente agrede a los indígenas o los culpa de cualquier ilícito que sucede. Encima, cuando los aborígenes son las víctimas, la policía no les toma la denuncia. En cuanto al bosque, se vive una emergencia ambiental, en pocos años será todo un desierto”, aseguró.
Diversas organizaciones sociales conformaron el Foro Chaco Sustentable, que denuncia la situación crítica del bosque chaqueño por la tala indiscriminada y el avance de la soja transgénica. Bournissen señala como responsables del problema a la Subsecretaría de Recursos Naturales del Chaco y al Instituto de Colonización, organismo autárquico que tiene el poder de vender las tierras fiscales.
“Desde hace décadas que se da la deforestación, pero se agudizó en los últimos cinco años, por eso pedimos que se declare la emergencia ambiental, que se paralice inmediatamente la tala, que se detenga el avance de la frontera agrícola, que el Instituto de Colonización suspenda las adjudicaciones de tierras y que se revisen todas las entregas de tierras y permisos de explotación forestal de los últimos cinco años”, destacó Bournissen. También exigen un estudio “serio” sobre la situación actual de El Impenetrable y la participación de todos los actores afectados.